Cádiz

Tres organizaciones informan a Cultura del "expolio" de material del edificio BIC de Valcárcel

La CGT, Ecologistas en Acción y la asociación La Fábrika han informado a la Consejería de Cultura en relación a una denuncia, "basada en un informe técnico colegiado", que dicen haber presentado contra la empresa Zaragoza Urbana S.A., propietaria del edificio Valcárcel de la capital gaditana

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La CGT, Ecologistas en Acción y la asociación La Fábrika han informado a la Consejería de Cultura en relación a una denuncia, "basada en un informe técnico colegiado", que dicen haber presentado contra la empresa Zaragoza Urbana S.A., propietaria del edificio Valcárcel de la capital gaditana, donde se expone la sustracción y desaparición de materiales estructurales de este edificio, antiguo Hospicio Provincial de Cádiz, reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC).

   Los tres colectivos sociales de Cádiz alertan de que las "irregularidades" del contrato firmado entre Zaragoza Urbana y la Diputación de Cádiz han ocasionado movimientos "especulativos" que ponen "en alto riesgo" la conservación de esta joya del Neoclásico, así como su uso público.

   Según detallan en un comunicado, han puesto a disposición de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía un informe técnico colegiado donde se expone las "graves" sustracciones de material estructural del siglo XVIII, que pueden ocasionar problemas como la filtración de aguas de lluvias al resto de estructura de un ala del edificio Valcárcel. Por ello, solicitan que se abra una investigación global sobre el estado del inmueble, catalogado como BIC desde el año 1965.

    En la denuncia de los tres colectivos gaditanos recuerdan que el edificio está sujeto a la normativa que vela por la conservación de toda construcción considerada en régimen de Bien de Interés Cultural (BIC), una catalogación administrativa "que hace que Valcárcel esté bajo el amparo de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía"; recordando, además, que actualmente el mantenimiento y conservación del inmueble corresponde a la propietaria Zaragoza Urbana, S.A., que lo adquirió por compraventa en el año 2003.

   Además, detallan que según un informe técnico de seguridad y habitabilidad, elaborado por el arquitecto técnico  Vicente Gómez-Zarzuela, con fecha de 11 de agosto de 2011, se afirma que ha podido haber un expolio de material por parte de la empresa propietaria, al haber sustituido vigas de madera de su forjado de calidad muy superior a las que se colocaron posteriormente, así como la sustitución de ventanas de madera y sus rejas por otras de aluminio.

   También se indica el mal estado de los revestimientos de las paredes, techos y suelos, así como de los aseos, en cada una de sus plantas, debido al estado de abandono al que ha estado sometido dicho edificio durante años.

   Además, recuerdan que el Ayuntamiento el pasado octubre acordaba la incoación de un expediente sancionador a la empresa Zaragoza Urbana "por incumplir el deber de conservación del inmueble, desoyendo los requerimientos dictados en 2010 y 2011 por el propio Ayuntamiento"; así como que las aulas pertenecientes a la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones, que se encuentran en el citado inmueble, se han cerrado este mismo mes debido al mal estado de las mismas, "por indicación de Zaragoza Urbana, propietaria del edificio, que ha avisado del estado inseguro de los talleres de cocina, instalados en Valcárcel".

   Los colectivos aseguran que todos estos hechos se producen "en un contexto de indefinición" sobre las intenciones de Zaragoza Urbana con respecto al edificio, y de "ocultamiento y oscuridad" con respecto al contrato de compraventa realizado entre la empresa y la Diputación Provincial de Cádiz, así como las actuaciones realizadas por la empresa en el edificio y "a las causas que están provocando el retraso de la devolución del mismo a su anterior propietario, la Diputación Provincial de Cádiz, ante la renuncia pública de la empresa a su proyecto de hotel de lujo".

   Por último, CGT, Ecologistas en Acción Cádiz y La Fábrika quieren poner de manifiesto que el patrimonio arquitectónico "no debe depender de manos privadas", criticando a la Diputación Provincial, al Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía por no haber estado "a la altura de las necesidades de conservación nuestro patrimonio arquitectónico, situando al BIC de Valcárcel en serio riesgo de degradación".

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