El aumento de la litigiosidad en los últimos años por conflictos derivados de la crisis, sobre todo lo que tiene que ver con el impago de hipotecas y desahucios, concursos de acreedores y despidos, mantiene saturados los juzgados que despachan estos casos. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los órganos de Primera Instancia, de lo Mercantil y de lo Social de Cádiz superaban ya, al finalizar el primer semestre de este año, el número de asuntos establecido como carga anual asumible para cada uno de ellos, o dicho de otro modo, de enero a junio han recibido casi tantos expedientes como los que deberían atender en doce meses. Así, la tónica de juzgados desbordados por la crisis, sobre la que ya advirtió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al finalizar el 2011, parece que se mantendrá en un nivel similar en el 2012.
Los 14 juzgados de Primera Instancia de Cádiz han ingresado durante el primer semestre de este año 8.657 asuntos, lo que supone una media por órgano de 617, cuando el módulo de entrada de asuntos por juzgado (la carga anual asumible) establecido por el CGPJ es de 720. Así, al concluir junio, los Primera Instancia habían recibido ya el 85,6% por ciento de los casos recomendados para todo el año, lo que quiere decir que para cumplir el cupo anual recomendado, cada órgano de Primera Instancia debería atender 1 o 2 casos mensuales durante los seis meses que restaban entonces para acabar el año, algo que dista mucho de la realidad que no es otra que seguir con la misma intensidad que durante el primer semestre del año.
Además, la tónica por trimestres fue muy similar: de enero a marzo recibieron de media 102 asuntos y de abril a junio, 103. Así las cosas, según la estadística del CGPJ publicada hace unos días, los Primera Instancia cerraron junio con 10.574 asuntos en trámite, unos 755 de media por órgano.
Una situación similar es la de los juzgados de lo Social. Como ocurre con los de Primera Instancia, también estos en tan solo los seis primeros meses del 2012 han ingresado el 65% de los asuntos asumibles para un año. El módulo de entrada anual establecido por el CGPJ para los órganos de lo Social es de 850 asuntos por juzgado y cada uno de los ocho que hay en Cádiz había ingresado de media hasta junio 556, (la cifra sale de la distribución de los 2035 casos que entraron en el primer trimestre del año y los 2414 del segundo), lo que supone un total de 4.449 casos ingresados en lo Social de enero a junio. Así, a esa fecha, y cuando tenían en trámite 8.016 asuntos --1.002 de media por órgano--, ya se había rebasado la cantidad anual recomendada por el CGPJ, fijada en 850 por órgano judicial.
Y en los dos Juzagados de lo Mercantil que hay en Cádiz, más de lo mismo. La carga anual recomendada por el Consejo General del Poder Judicial está situada en 350 asuntos y en los seis primeros meses del año ya había ingresado 427, es decir, 213 casos por cada órgana judicial, o lo que es lo mismo, el 61% del módulo de entrada anual. En el primer trimestre recibió 188 y en el segundo, aún peor, llegando a alcanzar los 239 entre los meses de abril y junio.
Con este panorama, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, aboga por potenciar la mediación como una de las medidas para que merme la sobrecarga de trabajo que soportan los órganos judiciales. A juicio del magistrado la mediación es un método complementario que, en estos momentos de sobrecarga, puede ser muy importante como sistema alternativo del proceso: “Tenemos una cultura muy individualista, en la que todo se tiene que arreglar y dirimir por vía judicial. El colectivo de abogados y los ciudadanos en general tienen unas vías que no se han explorado, y que pueden redundar en beneficio de todos”.
La tercera provincia con más desahucios solicitados
Los desahucios solicitados ante los juzgados de la provincia de Cádiz en el primer semestre de 2012 fueron en total 1.053, lo que supone un aumento con respecto al mismo período del año anterior del 62%. Así figura en el estudio Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según ese estudio, el número de desahucios (denominados exactamente lanzamientos) presentados en Cádiz es el tercero más alto de las ocho provincias andaluzas, tras Málaga, con 2.055, y Granada, que llegó a los 1.177. Sin embargo, porcentualmente, es la segunda provincia con el dato más alto, sólo superada por el 73% de Jaén.
Además, según dicho estudio, de los 1.053 lanzamientos presentados en los juzgados de la provincia, finalmente se acordaron 1.041: sólo 12 fueron desestimados. Así, el porcentaje de ejecución en Cádiz durante el primer semestre del año llegó al 98,8%.
El dato es llamativo si se tiene en cuenta que la cantidad total de desahucios presentados en los juzgados andaluces se incrementaron un 34,1% en el primer semestre de 2012, hasta registrar 7.133 ejecuciones en la comunidad, lo que la sitúa como la segunda con más desahucios, superada por la Comunidad Valenciana (9.370 operaciones).
La mediación se lleva a lo Mercantil para aliviar la saturación de casos
La Junta, a través de la Fundación Pública Mediara, va a desarrollar un proyecto piloto pionero en la mediación mercantil para reducir la carga de trabajo de los órganos judiciales de esta jurisdicción en Sevilla y Cádiz, que están registrando un mayor volumen de asuntos en los últimos años.
El proyecto es fruto del convenio de colaboración suscrito por el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Antonio Ponce, quienes explicaron que se trata de un servicio gratuito para las empresas que contribuirá a ayudar a los magistrados de lo Mercantil a reducir la carga de trabajo en sus juzgados.
Este proyecto no sólo pretende la resolución previa de los conflictos empresariales antes de que terminen en el juzgado sino que persigue sacar fuera del proceso judicial los asuntos ya en trámite para que puedan ser solventados extrajudicialmente de común acuerdo de las partes.
Este proyecto piloto, financiado con 15.000 euros por parte de la Consejería de Justicia e Interior, contará con el apoyo de los jueces de lo Mercantil de Sevilla y Cádiz, que se implicarán en su desarrollo.
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