Una empresa contratada por el Ayuntamiento de Cádiz para una obra financiada por el Plan Proteja de la Junta de Andalucía dio de alta a 75 trabajadores que nunca llegaron a prestar servicios en la misma, por lo que la Seguridad Social procedió a su anulación. La Junta de Andalucía ha requerido al Consistorio que aclare "la realidad de la contratación de personal realizada, así como el verdadero importe de la mano de obra" antes de proceder a incoar el correspondiente expediente de reintegro.
Según la información que se desprende del escrito dirigido por la Delegación Provincial de Gobernación de la Junta al Ayuntamiento gaditano en mayo de 2012, a la que ha tenido acceso Europa Press, se trata de las obras de urbanización del entorno del Castillo de Santa Catalina, adjudicadas a la empresa Peninsular Contratas, S.A. por un importe de 578.452 euros. La contratación prevista era de 28 personas repartidas en 2.162 jornadas.
Sin embargo, en octubre de 2011, cuando la obra estaba prácticamente concluida --en septiembre quedaban por consignar 11.137 euros del total del presupuesto del proyecto, según un oficio de la Inspección de Trabajo al que ha tenido acceso Europa Press--, se procedió a contratar a 75 personas para tareas de vigilancia y limpieza por un periodo de 15 días.
La Tesorería General de la Seguridad Social procedió a la anulación de las altas de esos 75 trabajadores después de que tres de ellos pusiesen de manifiesto ante la Inspección de Trabajo que habían sido dados de alta "sin haber prestado servicios para la citada empresa ni un solo día". Asimismo, el escrito recoge que la propia jefa de obra manifestó que "pese a haber sido dados de alta y contratados los 75 trabajadores, al final no hicieron falta y no llegaron a prestar servicios en la obra".
Según la información facilitada por la Delegación de Gobierno de la Junta en Cádiz, tras la denuncia del SAE se solicitó información al Ayuntamiento, que, según la Junta, fue cumplimentado "sólo en parte". Por ello, le requiere que "se nos aclare la realidad de la contratación realizada, así como el verdadero importe de la mano de obra".
Posteriormente, concretamente el pasado 24 de septiembre, la Delegación de Gobernación acordó iniciar expediente de liquidación-reintegro, procediendo a la retención de 50.358 euros pendientes de transferir del Proteja.
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