En una nota de prensa, las asociaciones explican que la mujer considera que tiene derecho a que el Estado reconozca su responsabilidad por el “funcionamiento anormal de la Justicia”, al no adoptar las debidas garantías para que el asesinato no se produjera.
Las asociaciones aseguran que la mujer era víctima de malos tratos por parte de su pareja, con quien tenía una hija en común, de siete años de edad.
Durante el proceso de separación, un Juzgado, precisa la nota, decidió conceder el régimen de visitas al padre a pesar de que la madre presentó 47 denuncias contra él, por amenazas de secuestro, agresión psíquica y física tanto a ella como a la hija, así como por amenazas de muerte a ambas, entre otros delitos.
En todas las denuncias de la mujer, demandaba que las visitas entre el hombre y la hija estuvieran supervisadas, por temor a que él pudiera materializar sus amenazas.
A pesar de todo ello, según las asociaciones, el Juzgado consideró prioritario restablecer las relaciones del padre con la menor “anteponiéndolas a los derechos fundamentales de ésta: su seguridad, su integridad y su vida”.
Tampoco se tuvo en cuenta, prosigue el comunicado, los antecedentes existentes “en individuos con trastornos mentales similares al que tenía el padre”.
Por tanto, insisten, “no se adoptaron las medidas necesarias, ni suficientes para que la menor no sufriera ningún daño” y tampoco se tuvo en consideración que la mujer fuera víctima de maltrato, y “que la labor de defender a su hija conllevó un gran agotamiento psíquico al no sentirse creída”.
En una de las visitas no supervisadas, el 24 abril de 2003, el hombre mató a la menor y, posteriormente, se suicidó.
La mujer considera que, al menos, tiene derecho a que el Estado reconozca su responsabilidad.
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