Marea Verde Cádiz ha denunciado que la Junta de Andalucía “se ha cebado con el recorte generalizado de grupos de segundo de Bachillerato de los centros públicos de la provincia, de Algeciras a Sanlúcar”.
Miguel García, portavoz del colectivo, asegura en conversación telefónica con VIVA CÁDIZ que “hemos recibido múltiples quejas de los equipos directivos de toda la provincia en los últimos días ante la menor asignación de profesorado para el próximo curso y tras la certificación de matrículas del alumnado”, este viernes, asegura.
“Parece que hay una política planificada en los segundos de Bachillerato para devaluar los resultados del alumnado de los centros públicos para que consiga entrar en los grados universitarios más demandados por el alumnado de los centros privados concertados”, advierte.
El portavoz de Marea Verde Cádiz explica, en este sentido, que la Delegación Territorial de Educación está aplicando el incremento de alumnos por aula en un 10% de manera extraordinaria actualmente en lugar de hacerlo en septiembre, de manera que reduce líneas al elevar por encima de 35 la ratio por aula, en vez de mantener las líneas para cumplir normativa y reducir el número de alumnado en clase.
García acusa a la delegada, Isabel Paredes, de “convertir la excepción en norma” y, cuestionado sobre la capital gaditana, apunta tres centros afectados de los siete públicos.
En concreto, se verán perjudicados los institutos de enseñanza secundaria Fernando Aguilar Quignon, Fuerte de Cortadura y La Caleta.
En este último, han surgido voces discrepantes públicamente. En una carta rubricada por más de una veintena de docentes, media docena de trabajadores jubilados y un representante de las familias en el Consejo Escolar, alertan de la amenaza por parte de la Delegación de Educación de suprimir la citada línea de segundo de Bachillerato.
Olga Ramírez, profesora de Francés del centro y jefa de Departamento, explica que, en los últimos años, el instituto ha ofrecido grupos de primero de ESO con ratios reducida, “usando nuestro recursos de compensatoria para atender de manera especial a este nivel”. Pero “este curso no los hemos podido organizar debido a la disminución de profesorado y unidades que año tras año viene aplicando la Consejería de Educación, sin tener en cuenta las necesidades de los centros públicos y sus comunidades educativas”.
“Estas reducciones de profesorado y unidades se repiten todos los curso, en todos los centros públicos, pero no en los privados concertados”, añade, lamentando el blindaje de esta modalidad educativa.
Ramírez reconoce que hay un problema demográfico, dado que el IES La Caleta llegó a tener 450 alumnos frente a los 260 actuales, pero, en la línea de la carta remitida a los medios de comunicación, apunta a la “migración” que merma el padrón en general y la población escolar, en particular por “la escalada de los precios de la vivienda de Cádiz y la proliferación de pisos turísticos y la intensa turistificación”.
En el caso de La Viña, además, “las aspiraciones académicas están fuertemente orientadas hacia la Formación Profesional” y, sin embargo, la Consejería no satisface la petición de incluir grados en el centro, además de que el Bachillerato es también vía para el acceso a la FP.
Y denuncia que “la elección libre” de centros educativas “ha generado una fuga significativa de estudiantes, especialmente niñas, hacia escuelas concertadas”. “Esto deja a los centros públicos de zonas desfavorecidas”, añade, subrayando que “la falta de recursos y la creciente demanda en áreas de mayor necesidad no se han abordado adecuadamente, perpetuando una espiral de desigualdad educativa”.
Ante esta situación, desde el IES La Caleta reclaman mejora en la dotación de recursos, revirtiendo los sucesivos recortes de los últimos años; la reducción de los ratios al menos hasta la media estatal; la eliminación de conciertos antes que supresión de líneas y centros públicos; y la revisión de adscripciones y del concepto “libertad de elección de centros”.
“Nosotras decimos basta ya de recortes y basta ya de miserias. Queremos una escuela pública cuidada, mimada, porque la democracia, los valores y todos los demás contenidos, académicos, culturales y socioemocionales que forman parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la escuela son imprescindibles para la formación de una ciudadanía crítica, comprometida y responsable”.
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