Enrique Estévez, portavoz de los vecinos de la 7ª fase del Cerro del Moro, insiste en que las condiciones que ofrece la Junta de Andalucía a los afectados para ocupar sus nuevas viviendas no tienen nada que ver con las de la 6ª, dado que el plazo de alquiler social pasa de 25 a 50 años.
De facto, advierte, la Administración andaluza “usurpa el derecho constitucional de propiedad y herencia” porque “obliga a vender los pisos actuales” y, ha remarcado, “la mayoría de los propietarios no vivirán 50 años y muchos de sus hijos tampoco”, periodo en el que pueden hacer efectiva la opción a compra.
Asimismo, ha insistido en que el Gobierno de Juanma Moreno “está presionando” a los vecinos al plantearles que, si no venden sus pisos actuales, “nos quedamos en las casas en las que estamos, aunque saben que no podemos vivir entre bichos, ratas y grietas en las paredes, y debemos afrontar la reforma del edificio entero, pese a estar en ruina técnica”, o “amenazan con que el proyecto se venga abajo y obligaría a destinar años enteros” ponerlo otra vez en marcha.
Estévez ha avanzado que este jueves intervendrá en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cádiz para conminar al alcalde, Bruno García, “a que actúe como alcalde y no como presidente del PP” y defienda los intereses de los afectados, a los que la Junta de Andalucía, ha reiterado, les ha cambiado las condiciones acordadas en 2022, con las que mantendrían la propiedad pagando únicamente la diferencia de metros entre los antiguos y nuevos pisos.
Y ha insistido en que, si es preciso para solucionar el problema, “la Junta renuncie a los fondos europeos” y aporte tres millones con recursos propios.
