Los niveles permitidos de estas sustancias en la bollería, las chucherías o los refrescos que se suministren en las escuelas infantiles tendrá que fijarlos ahora el Gobierno mediante un desarrollo reglamentario de la Ley, que será de obligado cumplimiento para la industria agroalimentaria.
En un país en el que uno de cada cuatro niños es obeso, el Ejecutivo deberá acordar con este sector los contenidos admisibles de los tres productos limitados por ser causa de “los problemas más graves de salud de la población”, apuntó el diputado del PSOE Alberto Fidalgo, con base en la evidencia científica y el consenso sanitario internacional.
Con este fin, la nueva Ley establece obligaciones para los operadores de empresas alimentarias, como que realicen unos registros que permitan a la Administración comprobar “fácilmente” el contenido, por ejemplo, de ácidos grasos trans en sus productos.
Así, se podrá tener un conocimiento “más exhaustivo” de este tipo de sustancias y facilitar, a la luz de los conocimientos científicos y mediante instrumentos normativos, los limites máximos de su presencia en los alimentos.
El texto inicial prohibía la venta de productos que no cumplieran “determinados perfiles nutricionales” pero, gracias a una enmienda de CIU que fue consensuada con los otros grupos, se han fijado cuáles son esas sustancias que, en niveles elevados, quedarán excluidas de la alimentación escolar.
El PP se quedó solo al defender que la Ley no incluyera prohibiciones de ningún tipo, por entender que “ningún alimento es bueno o malo en sí mismo” sino que lo importante para la salud son las “dietas íntegras”.
El diputado popular Angel Pintado propuso en este sentido que los colegios informasen de la dieta de todo el mes para que los padres sepan a que atenerse pero su enmienda no ha prosperado.
Igualmente ocurrió con las iniciativas de este partido para promover la “austeridad” en la Administración, al oponerse a la creación de un Observatorio de la Obesidad, por considerarlo un “gasto innecesario”, y al reclamar la unificación de las dos agencias, la de Seguridad Alimentaria con la del Medicamento, en la línea del modelo estadounidense.
El parlamentario del PSOE insistió en que es “muy importante” actuar ya desde la escuela fomentando una alimentación sana, dado que éste es el lugar más adecuado para “lanzar un mensaje educativo a los niños”.
“No podemos prohibir la venta de chucherías en la calle o en las casas, porque eso es responsabilidad de los padres, pero sí podemos hacerlo en el ámbito público”, comentó.
En la lucha contra la obesidad, la normativa exige menús infantiles que respondan a un correcto equilibrio nutricional y vela también por impulsar la actividad física.
La nueva Ley, que pasará ahora al Senado, establece un marco básico común aplicable al conjunto de las actividades que integran la seguridad alimentaria y los hábitos nutricionales.
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