La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de renunciar a presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente año después del adelanto electoral en Cataluña ha dado pie a una ofensiva política del PP que, en el caso de Cádiz, resumió la diputada nacional Macarena Lorente esta semana en rueda de prensa. “Si España no tiene nuevas cuentas, la provincia no tendrá inversiones” este año, advirtió, apuntando que, entre los proyectos que quedan “en el limbo” se encuentran el tercer carril de la AP-4 en el tramo correspondiente a la provincia, los enlaces con el Aeropuerto de Jerez y Torreguadiaro, la mejora en Cercanías y el tren Algeciras-Costa del Sol, el cuarte de la Guardia Civil de Chiclana y la comisaría de La Línea, la declaración de Zona de Especial Singularidad, las depuradoras de Barbate y Sanlúcar y la presa de Gibralmedina, el contrato de los nuevos buques hidrográficos de la Armada para los astilleros de la Bahía de Cádiz por un importe de 160 millones de euros o el Plan de Restauración de Fortificaciones Militares igualmente en la Bahía de Cádiz.
La secretaria de Organización del PSOE, Ana Carrera, cuestionada al respecto por INFORMACIÓN, niega la mayor. “Ya pasó en 2019 y el mundo no se paró, como siempre vaticina el PP cuando no gobierna”, apunta. De hecho, remarca, los PGE actuales “ya están prorrogados desde el 1 de enero y con ellos hemos aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la revalorización de las pensiones”. Durante el resto del ejercicio, asegura, “se mantendrá la buena senda de la economía y, sobre todo, de creación empleo, además de la agenda social del Gobierno, con el amplio paquete de medidas sociales puestas en marcha”, agrega, subrayando que “la Junta de Andalucía y los ayuntamientos van a tener la mayor transferencia de su historia en este año para dedicarlos a Sanidad, Educación o Dependencia”.
¿Y las inversiones? “No haya ninguna que tenga el riesgo de no ejecutarse”, responde, tajante, al tiempo que recomienda a los populres a “rebajar la tensión, porque hay Gobierno para rato, la legislatura dura cuatro años y no ha hecho más que empezar”.
El PP, sin embargo, no parece que vaya a abandonar esta vía de confrontación. Los diputados gaditanos han insistido desde la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente que la provincia pagará la factura de los pactos del PSOE con los independentistas catalanes, y hace un estrecho marcaje a la ejecución presupuestaria de 2023.
En este sentido, los senadores María José García-Pelayo, José Ignacio Landaluce, Carmen Pérez y Teresa-Ruiz Sillero han recibido recientemente respuestas al respecto. En ellas, el Gobierno explica que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha destinado casi dos millones de euros el pasado año; el de Agricultura, Pesca y Alimentación, 10,2 millones; el de Ciencia e Innovación, algo más de 2 millones; y el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, 3,9 millones, destinados al Centro de Recuperación de personas con Discapacidad Física de San Fernando; y, el de Cultura, 450.500 euros, el 77,8% de lo previsto.
Capítulo aparte merece el Ministerio de Industria y Turismo, con una inversión de 44 millones de euros en la provincia; y el de Vivienda que, al margen de lo transferido a la Junta, apunta actuaciones concretas millonarias en patrimonio en Medina, El Bosque o Alcalá del Valle.
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