La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a 21 meses de prisión al ex jefe de Mantenimiento de la Universidad de Cádiz como responsable de un delito continuado de falsedad documental en concurso medial con un delito continuado de malversación al "inflar" facturas para esta entidad "un 10%" sobre la base del precio real con el objetivo de "apropiarse de caudales o efectos públicos" de la Universidad.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se condena también a otras dos personas en concepto de coautores del mismo delito que el principal acusado a la pena de nueve meses de prisión, al ser proveedores de material.
Según se recoge en los hechos probados, el acusado trabajó como técnico de mantenimiento de la UCA desde 1998, accediendo en 2018 al puesto de encargado del equipo de mantenimiento del Campus de Cádiz de manera provisional por la jubilación del anterior responsable, un cargo que ocupó hasta julio de 2021.
En ese periodo y como parte de su puesto se encargaba de negociar la compra de material de mantenimiento con empresarios y proveedores, como lo eran los otros dos acusados, responsables de una empresa de material eléctrico. Así, la trama se desarrollaba de forma que las facturas se elevaban un 10% por encima del coste real, cuyo beneficiario era el principal acusado, bien en dinero en metálico o en bienes materiales. En contrapartida, los otros dos condenados, que actuaban como proveedores, se aseguraban los futuros suministros que dependiesen del encargado de mantenimiento.
Las facturas emitidas en ese periodo con cargo a la UCA tenían un valor total de más de 35.000 euros, siendo "el daño patrimonial" causado a la Universidad por el jefe de mantenimiento de 2.971 euros, una cantidad que fue devuelta a la administración durante el juicio.
Ante las evidencias, la Audiencia Provincial condenó en su sentencia del 18 de diciembre de 2023 a el ex jefe de mantenimiento a una pena de 21 meses de prisión por un delito continuado de falsedad documental en concurso medial con un delito continuado de malversación y al pago de una multa de nueve meses con una cuota de 6 euros. Además, se acordó la suspensión de la pena de prisión durante dos años con la condición de no delinquir durante ese periodo.
Los dos proveedores de material eléctrico fueron condenados a nueve meses de prisión y una multa de 4 meses y 15 días con una cuota de seis euros, suspendiendose su entrada en prisión bajo las mismas circunstancias.
