El equipo de Gobierno tenía previsto celebrar este viernes un Pleno extraordinario para aprobar un reconocimiento extrajudicial de créditos a la empresa Servisar Servicios Sociales (Domusvi) que finalmente se pospuso a la próxima semana el mismo día en que los empleados de Ayuda a Domicilio, concesionaria y Ayuntamiento decidieron volver al Sercla para retomar el preacuerdo alcanzado el 8 de febrero para la mejora de las condiciones laborales de la plantilla.
Este reconocimiento extrajudicial de crédito es también, en palabras de fuentes municipales, una muestra de la voluntad del alcalde, Bruno García, de resolver el conflicto en el servicio y sentar las bases para la dignificación del trabajo de los 330 empleados y la atención que reciben los 974 usuarios actuales (teniendo en cuenta, además, que hay 200 solicitudes en lista de espera).
No en vano, el Ayuntamiento factura desde enero a la empresa a 15,45 euros la hora y ha garantizado que el próximo pliego incrementará dicha cantidad a una cifra no inferior a 20,5 euros.
El expediente que llega a Pleno está motivado por una petición realizada al Consistorio por parte de Servisar Servicios Sociales para la actualización del precio por hora para poder paliar parcialmente las pérdidas sufridas por la prestación del servicio hasta que se produzca la nueva adjudicación. En total, la empresa reclamó 722.346,2 euros.
El Ayuntamiento ha accedido a esta petición. Intervención explica que el contrato con esta concesionaria fue adjudicado a finales de mayo de 2015 y finalizó tres años después. Desde entonces, sin que se iniciara la licitación hasta mayo, y tras el fallido procedimiento, las facturas mensuales son abonadas previo levantamiento de reparo. Dichas facturas respetan los precios fijados en su día, 12,90 euros (IVA incluido).
Intervención considera que esta situación está produciendo un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento a costa de la empresa, por la diferencia de los costes que soporta y la remuneración que recibe. Y advierte de que, para evitar que la concesionaria entre en fase de liquidación, es preciso compensar evitando la paralización del servicio, básico y esencial.
Previa revisión de los números aportados por Domusvi, con informe de la auditora de cuentas Baker TillyAdvisory Services, el Área de Contratación y Patrimonio da el visto bueno, descartando que el reconocimiento extrajudicial sea una revisión de oficio de acto nulo e insiste en que la empresa ha sido perjudicada.
Intervención insiste en esto acudiendo al informe 17/2023 de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía, que también apunta la opción de establecer el coste de 15,45 euros con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023, con el máximo subvencionable por la administración autonómica.
Sin embargo, el equipo de Gobierno ha decidido ampliar dicho periodo al establecer la compensación en los citados 722.346,20 euros a petición de la concesionario como suma de las pérdidas en un plazo que comprende desde el 1 de enero de 2021 al 30 de noviembre de 2023.
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