El director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez Ardoy, ha inaugurado en la Dirección provincial de ese organismo en Cádiz el Punto Violeta, un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres.
Gerardo Gutiérrez ha estado acompañado por el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, y por la directora provincial del SEPE, María Ángeles Álvarez Fidalgo, según ha indicado en una nota la Subdelegación.
Asimismo, ha señalado que a partir de este miércoles, y tras la preceptiva formación al personal implicado, las 36 oficinas del SEPE en la provincia se constituyen en Puntos Violeta. Los puestos de atención a la ciudadanía contarán con un distintivo que les identifica como Punto Violeta y que señala que ese espacio es un lugar seguro para las víctimas, donde pueden recibir información y acompañamiento si lo necesitan.
Asimismo, el distintivo tendrá impreso un código QR vinculado a la Guía Punto Violeta para actuar frente a la violencia machista, una guía con información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista de tu entorno, así como con recursos para las propias víctimas. También incluye información sobre qué es la violencia machista, sus diferentes manifestaciones, y cómo detectarla.
La Subdelegación ha recordado que los objetivos del Punto Violeta son implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista; acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno; y facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista a establecimientos, entidades, empresas, organismos públicos.
Este recurso forma parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización impulsado por distintos ministerios del Gobierno de España en el contexto de alarma machista de los últimos meses y supone un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas, situando la violencia machista como un problema estructural que requiere de la implicación del conjunto de la sociedad para acabar con ella, ha recordado.
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