Los representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) consideran que “nadie puede alegar la existencia de intereses particulares que limiten o dificulten la construcción de vivienda protegida para el alquiler social y a precio asequible en el solar de Navalips”.
Eladio García, miembro de la organización, ha recordado, en declaraciones a VIVA CÁDIZ, que la operación urbanística prevista en la zona es fruto de un acuerdo entre la Zona Franca, dependiente del Ministerio de Hacienda, la empresa pública Sepides y el Ayuntamiento, con los propietarios mayoritarios de los suelos.
De manera que son las administraciones públicas las que “deben aprovechar esta oportunidad de oro para dar prioridad a la vivienda pública y atajar un problema que afecta a familias y jóvenes sin los recursos suficientes para acceder a la compra o el alquiler de un inmueble”.
Por ello, García, en nombre de la APDH-A, reclama que se modifique el Plan de Reforma Interior (PERI), cuyo avance fue anunciado en octubre, pero no puesto a exposición pública para el escrutinio y la presentación de sugerencias, de modo que se dé marcha atrás al plan de construcción de 812 viviendas en renta, mitad libres y mitad protegidas.
Como alternativa, Rafael Lara, plantea dedicar el 80% de la promoción a vivienda protegida en régimen de alquiler con un máximo del 20% en renta libre, cuya venta “permitiría que la operación urbanística fuera ventajosa”, y evitaría que los inmuebles se comercializaran “para pisos con fines turísticos o segundas residencias”.
Lara apela a Zona Franca y al Ministerio de Hacienda, cuyos titulares, ha remarcado, “pertenecen a un Gobierno que se dice progresista”.
Los representantes avanzan que presentarán sugerencias al PERI en este sentido y redoblarán las movilizaciones, iniciadas con la colocación de dos pancartas en el vallado del solar de Navalips.
Cabe recordar que APDH-A también ha solicitado que el solar de Casitas Bajas, en el barrio de San Severiano, se destine igualmente a la construcción de viviendas en régimen de alquiler, dado que en Cádiz figuran 4.364 solicitantes de este tipo de inmuebles.
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