La Diputación Provincial de Cádiz ha celebrado su Pleno ordinario del mes de octubre en una sesión en la que se han aprobado todas las mociones debatidas y que ha comenzado con la lectura del manifiesto de la asociación Agamama con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama que se celebra el 19 de octubre. Un manifiesto en el que han solicitado a las instituciones un apoyo decidido en la lucha por concienciar a la sociedad para que las mujeres puedan acceder a las campañas de detección precoz y reciban los mejores tratamientos.

En lo que se refiere al debate, hay que destacar que la Corporación se ha puesto de acuerdo para hacer un frente común en contra de la instalación del parque eólico marino que la empresa Ferrovial ha propuesto inicialmente a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y que pretende ubicar frente a las costas gaditanas, concretamente en el litoral de Conil, Vejer y Barbate.

“Defendemos las energías renovables y limpias, en un momento de transición ecológica y con los efectos del cambio climático mostrándose con evidencia, pero no estamos de acuerdo con los cheques en blanco, ni con que se instalen en cualquier lugar y perjudiquen a otras actividades económicas y al medioambiente marino”, se argumenta en este posicionamiento conjunto. La pesca artesanal, el aprovechamiento turístico y el transporte marítimo son algunos de los sectores que se podrían ver perjudicados por este proyecto, han defendido.

Por todo esto, la Diputación va a trasladar al Ministerio de Transición Ecológica su rechazo frontal a este proyecto, al tiempo que se va a instar a los ayuntamientos implicados a que apoyen esta propuesta en sus respectivos Plenos municipales. También se va a informar a la ciudadanía y los distintos colectivos de este proyecto y se va a activar la Plataforma contra la instalación de parques eólicos frente al mar de Trafalgar.

De igual manera, también se pusieron de acuerdo todos los grupos del arco plenario para hacer suya la declaración institucional promovida por la Federación Salud Mental Andalucía en la que se hace un llamamiento a actuar de forma coordinada y en red para garantizar la eficiencia de los recursos sanitarios, sociales, educativos y jurídicos que garanticen la protección de los derechos humanos y el acceso universal a la protección de la salud mental. Hubo en el Pleno una representación de colectivos que trabajan en este sector, como FAEM y AFEMEN.

En materia de Igualdad, la diputada Susana Sánchez informó al Pleno de la firma de un convenio con la Junta de Andalucía para la puesta en marcha del Plan Corresponsables, que tiene como objetivo iniciar el camino hacia la “garantía del cuidado” como un derecho, desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres, al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La conciliación de la vida personal y familiar de mujeres y hombres es el objetivo final de este proyecto. Para hacerlo posible, Diputación recibirá una subvención de la Administración autonómica de 529.163 euros.

El portavoz Juancho Ortiz, por su parte, defendió una propuesta, aprobada por unanimidad, por la que se ha acordado la concesión de una subvención directa, dotada con 3,2 millones de euros, para la asociación pro-personas con necesidades socioeducativas especiales o dependientes Asansull. Su fin es colaborar con los gastos derivados de la ejecución del Proyecto de Adecuación Integral para el cumplimiento de los requisitos técnicos en el Centro de Atención Integral al Mayor Gómez Ulla para personas mayores, ubicado en La Línea de la Concepción, en los años 2023 y 2024.

Otra propuesta del Grupo Popular que salió adelante fue la de instar al Gobierno de España a desarrollar un Plan anual de mantenimiento y desbroce de las carreteras y caminos titularidad del Ministerio de Defensa en la localidad de Tarifa y sus zonas aledañas, así como a diseñar y ejecutar un Plan de reforma y asfaltado de las vías propiedad del Ministerio de Defensa en el municipio. Fue el diputado Ignacio Trujillo el encargado de exponer la motivación de esta moción en la que se alertó de la falta de mantenimiento de estas vías de titularidad pública –por ejemplo, Betis, Betijuelo, El Chaparral o Guadalmesí- y los consiguientes problemas para muchos vecinos que tienen que hacer uso constante de las mismas.

El PP también defendió una propuesta, en este caso aprobada con los votos del propio Grupo Popular y La Línea 100x100, en la que se acordó “rechazar desde la Diputación cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español cualquiera que sea su delito, considerando que la ley es la expresión de la voluntad popular tal y como establece el preámbulo de la Constitución. Reconocer, además, que España es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones y donde no cabe proyecto alguno que trate de romper la igualdad o dotar de privilegios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España”. Fue el portavoz del Grupo, Juancho Ortiz, quien contextualizó el planteamiento de este debate en el “desafío histórico” que supone para España la posibilidad de supeditar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a un acuerdo con partidos independentistas que incluyan como condición la amnistía para los encausados por el referéndum ilegal de 2017 en Cataluña.

En esa línea, Ortiz defendió la necesidad de proponer “un gran acuerdo nacional entre los partidos demócratas que afronte los principales desafíos que tenemos: la regeneración institucional, el Estado de Bienestar, los fundamentos de nuestra economía, un pacto por las familias, un pacto por el agua y un pacto territorial, además de un modelo de financiación que garantice los principios de igualdad y solidaridad para Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos”.

Fue también aprobada otra moción del Partido Popular encaminada a instar al Gobierno a que se conceda el complemento que contempla el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social de pensión por hijos a los varones al igual que a las mujeres que den cumplimiento a los requisitos exigidos y se otorgue en consecuencia la necesaria retroactividad para que coincidan en el tiempo la pensión y su complemento y no se produzca una discordancia que pueda causar nuevamente discriminación de los varones en su percepción.

El diputado Ramón Galán, como portavoz del Grupo de Izquierda Unida, expuso la situación de la atención pediátrica en el Centro de Salud de Ubrique, que ha calificado como “insostenible”, ya que no hay especialistas en la localidad, a pesar de pertenecerle dos pediatras atendiendo a su peso poblacional. En la actualidad, ha explicado, da servicio “un único pediatra, con un contrato al 33%, pasa consulta dos tardes por semana de forma presencial y una más de forma telefónica”, algo “totalmente insuficiente” para atender la demanda existente. Ante esta situación, desde IU se ha solicitado el apoyo para instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a cubrir al 100% las dos consultas de pediatría de Ubrique, con pediatras o médicos de familia y a que se realice el Control del Niño Sano a todos los niños tal como indica la Consejería de Salud y se deriven al Centro Infantil de Atención Temprana (CAIT) a los niños que lo necesiten. La moción se aprobó con los votos a favor de IU y PSOE y la abstención de La Línea 100x100 y del PP, que expuso que la situación ya está en vías de solución.

También consiguió el Grupo de IU el apoyo unánime de la Corporación para que la Diputación declare a la provincia de Cádiz como “provincia antibullying” y lleve a cabo las acciones y medidas necesarias dentro de sus competencias para que los pueblos y ciudades gaditanas vayan evolucionando y se declaren rotundamente como territorios contra el acoso escolar.

El Grupo Socialista consiguió el apoyo unánime de la Corporación a las tres mociones que defendió en el Pleno. La primera ha sido la destinada a instar a la Junta de Andalucía a la tramitación definitiva de las solicitudes aún pendientes de acceso al bono de alquiler joven. Igualmente, tras la defensa de una moción expuesta por la diputada Ana Carrera, se acordó instar a la Junta de Andalucía a poner a disposición de los centros educativos de la provincia de Cádiz el personal técnico de integración social necesario. El objetivo, explicó, es garantizar “el acceso a la educación pública digna, que debe ser para todos igualitaria, ejemplar y eficiente. Algo que no está ocurriendo en la actualidad en nuestra provincia”.

Por último, el Grupo Socialista volvió a poner sobre la mesa la preocupación sobre la presencia en las costas gaditanas del alga invasora Rugulopterix Okamurae, provocando efectos muy perjudiciales en el sector pesquero y en el turismo, fundamentalmente. En este contexto, la propuesta socialista ha pedido a la Diputación que convoque, impulse y reactive la mesa de alcaldes para la erradicación y aprovechamiento del alga invasora, creada en el marco del Pacto por la Sostenibilidad de la Costa Gaditana, incorporando a la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, Universidad de Cádiz y a los sectores económicos afectados -pesquero, turismo y hostelería- organización ecologista, así como otros agentes o personas expertas que, por su vinculación con este tema, se considere oportuno. La intención es que en el seno de esta Mesa se impulse un Plan de Acción que contemple las siguientes medidas: indemnizaciones al sector pesquero por los graves daños causados tanto en las artes de pesca como en la reducción de sus capturas; un plan específico para la retirada de los alijos de algas en aguas interiores, así como la limpieza y tratamiento de arribazones; protocolos de actuación y manipulación del alga, que contribuyan al control de la especie; llevar a cabo investigaciones para descifrar formas eficientes de erradicación del alga; apostar por investigaciones que desarrollen nuevos productos innovadores con el alga invasora y la autorización de permisos para la reutilización y transformación en otros productos factibles.

En la misma propuesta se incluía la iniciativa de instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a posibilitar la concesión de cuota extraordinaria de atún rojo del Estrecho a las embarcaciones afectadas, con el fin de diversificar el modelo de pesca y que dichas embarcaciones puedan continuar faenando. La propuesta fue aprobada por unanimidad.