La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha advertido de que la salud mental “es un sector frágil dentro del derecho a la salud”. En el informe presentado este martes en Cádiz, con motivo de la celebración del día dedicado a esta materia, pone de manifiesto “que la realidad es demoledora” en cuanto a “la precariedad” pese a la notoriedad adquirida en los medios de comunicación tras la confesión por parte de celebridades de sus problemas.
El estudio indica que “18.622 andaluces esperan una consulta”. La demora media en la sanidad pública es de 43,61 días de media desde que el médico de Atención Primaria hace la derivación al especialista.
Los autores del informe, Antonio Lobato y Antonio Vergara, responsables de APDH-A y Marea Blanca Gaditana, advierten, además, de un porcentaje elevadísimo de altas en las primeras consultas y lamentan que los conciertos con hospitales privados para ingresos agudos.
Respecto a los profesionales, la comunidad autónoma solo cuenta con 4,7 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, según los datos de 2022. La tasa andaluza de psiquiatras es de 7,05 por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la nacional, que se sitúa en 11,84.
Sin embargo, os casos de depresión grave y ansiedad se han disparado un 28% y un 26% desde la pandemia, al tiempo que la venta de antidepresivos y ansiolíticos creció un 6% y un 4%, respectivamente, y el índice de suicidios, un 6,4%.
La investigación alerta, asimismo, la desprotección del colectivo infanto-juvenil y otros colectivos vulnerables como las personas sin hogar, con un 73% de afectados por algún tipo de trastorno mental, o las personas privadas de libertad, con un 17% de la población reclusa con trastornos mentales previos a su ingreso en prisión, que los autores del informe tachan de “nuevos manicomios”.
APDH-A, que en términos generales denuncia igualmente el estigma que sufren las personas afectadas, plantean una decena de propuestas, entre las que destacan política comunitarias para mejorar la salud mental; promoción de la salud mental en diversos ámbitos como la escuelas o entornos laborales; el seguimiento psicosocial o acompañamiento a grupos de riesgo como mujeres embarazadas con bajo nivel socioeconómico o personas migrantes; la construcción de comunidades terapéuticas: prevención en infancia y adolescencia; o políticas laborales para facilitar la conciliación y el acceso a recursos sociales.
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