Cádiz

Unos padres la emprenden a gritos con la médico de su hijo y acaban movilizando al 091

Según denuncia UGT, ocurrió en el centro de salud Loreto el pasado martes, donde la pareja entró en la consulta con una actitud "alterada"

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  • Los profesionales concentrados en una imagen de archivo. -

Los gritos y los insultos que profirieron unos padres a la pediatra de su hijo en la consulta del centro de salud Loreto de la capital acabaron el pasado martes con la Policía Nacional en las dependencias sanitarias tras recibir el aviso de compañeras de la profesional afectada. Tal y como confirman fuentes policiales a Viva Cádiz, los hechos se produjeron sobre las 19.00 horas, cuando los agentes fueron requeridos desde el citado centro de salud, donde alertaban de que la facultativa estaba siendo agredida por una pareja.

Si bien no llegaron a las manos, desde la sección sindical de UGT en Atención Primaria advierten de la actitud “alterada” y “acelerada” con la que ya llegaron a la consulta, sin ni siquiera dar opción a la facultativa de explorar a su hijo. “Los padres ya llegaron cabreados y quejándose de la atención al niño, increpando e insultando a la profesional”, puntualizan fuentes sindicales. Una vez allí, los funcionarios comprobaron los hechos e identificaron a la pareja, de 35 y 38 años, comunicando en ese momento la profesional sanitaria su intención de denunciar, decisión que finalmente ha declinado, según ha confirmado este medio. El de la capital no ha sido el único incidente de este tipo registrado en un centro de salud en la provincia. En Puerto Real, hace unos días fueron agredidos dos facultativos del centro de salud Ribera del Muelle, donde el personal ha convocado una concentración de repulsa el próximo 1 de marzo. Ante estos episodios, desde UGT reiteran la necesidad de un profesional de seguridad en todos centros sanitarios y advierten de que se está "normalizando" este tipo de actitudes en el día a día. Hay que recordar que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión. 

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