Así lo explicó ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien, tras firmar un convenio de colaboración con el Ministerio de Industria, se mostró convencido de que España y la sociedad española, que ha dado pruebas de su tolerancia religiosa, irá solventando con naturalidad incidentes propios de una sociedad “pluricultural”, también en lo religioso.
De esta forma aludía el ministro a la polémica suscitada por la decisión de un instituto de Pozuelo de Alarcón (Madrid) de apartar de clase a una niña de 16 años por utilizar el hijab o pañuelo islámico.
Caamaño, que indicó que la Constitución reconoce la libertad religiosa de una manera muy amplia, destacó que la futura ley, aunque no entrará en el detalle, fijará las grandes piezas de la convivencia y marcará a quién corresponden las competencias, si es a la comunidad educativa y quién debe adoptar las decisiones.
Según el titular de Justicia, esa ley, que “capitanea” la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se desarrollará a partir de dos ideas fundamentales.
La primera de ellas es que el Estado debe ser laico como marca la Constitución y, por tanto, mantener un punto de vista neutro ante las distintas confesiones, y, la segunda, que se deben evitar situaciones de discriminación que pueden darse en el ámbito de lo religioso.
Se trata, en opinión de Caamaño, de articular un sistema de igualdad de derechos y al tiempo de proporcionalidad en función de la implantación y el arraigo de cada una de las tendencias religiosas que hay en nuestro país.
El ministro resaltó que el Ejecutivo trabaja “intensamente en el proyecto” para que cuanto antes salga adelante.
Sobre el uso del pañuelo islámico en los colegios, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, insistió en que la opinión del Gobierno de Esperanza Aguirre es que no es bueno que existan diferenciaciones de este tipo en los centros escolares.
Granados, que ayer participó en la reunión que el ministro de Justicia mantuvo con los consejeros de las Comunidades Autónomas en esta materia, dijo que no considera que “la Constitución ampare que cada uno vaya con el aspecto que considere oportuno a clase”.
El consejero madrileño sostiene que cada centro tiene su reglamento, que deben cumplir todos los alumnos, y que en el caso concreto del instituto de Pozuelo esas normas no permiten “ningún tipo de tocado, ni islámico, ni no islámico”.
Por su parte, el debate por la utilización en las aulas del tradicional velo islámico que cubre la cabeza de las mujeres musulmanas ha vuelto a irrumpir en el panorama educativo español, cuando apenas ha transcurrido un año y medio desde que se apagó la polémica por varios casos similares en Ceuta y en Gerona.
El uso del velo islámico o hiyab se ha circunscrito sin embargo en todos los casos a la reglamentación interna de los propios centros escolares, y se ha resuelto con requerimientos de los departamentos de Educación de las comunidades autónomas o con la mediación e intervención del propio Ministerio.
No ha sido necesario, como en otros países como Francia, reglamentar ni articular en una ley la utilización de este símbolo religioso, y tampoco la futura ley de Libertad Religiosa que prepara el Gobierno tiene previsto regular su uso.
En Francia, donde la comunidad islámica es mucho más numerosa que en España, la polémica que durante años se había desencadenado como consecuencia de la utilización del velo en los centros escolares se zanjó en 2004 con la llamada ley del velo que prohibió la utilización de cualquier símbolo religioso ostensible en las escuelas.
El vicepresidente primero de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Valeriano Aldonza, se mostró favorable a la postura de un instituto de Pozuelo de Alarcón (Madrid) de prohibir a una alumna llevar el tradicional pañuelo musulmán que cubre su cabeza.
Aldonza señaló en declaraciones a Efe que la polémica surgió por la convergencia de la libertad de enseñanza y religiosa con el derecho del centro a hacer respetar su normativa interna, “que es prioritaria y tiene que prevalecer”.
“Esta institución defiende la libertad de enseñanza por parte de los padres, de forma que puedan elegir el centro en el que matriculan a sus hijos, uno que se adapte lo más posible a sus creencias”, indicó.
En este caso, Aldonza se posiciona a favor del centro de enseñanza, ya que “la norma que prohíbe a los alumnos cubrirse la cabeza está incluida en el reglamento interno, que ha de ser respetado, y es responsabilidad de los padres informarse del ideario y las normas internas del centro antes de llevar allí a sus hijos”.
Sin embargo, Aldonza considera que los centros de enseñanza “han de poder ser flexibles en momentos concretos respecto a su reglamento, pues no todos los casos son iguales”, en referencia a algunas informaciones que apuntaban que en ese mismo centro se le ha prohibido a un niño tratado con quimioterapia cubrir su cabeza.
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