El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado el decreto del Consejo de Gobierno andaluz que autoriza al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a suscribir un acuerdo transaccional para abonar algo más de 121 millones de euros para poner fin a procedimientos judiciales en curso con la entidad mercantil José Manuel Pascual Pascual SA originados entre los años de conciertos por la Administración autonómica con dicha entidad entre 2011 y 2017. La Administración autonómica realizará un pago anual, el primero de ellos este mismo mes por una cuantía de 25 millones.
El PP contó con el voto favorable de Vox, pero el rechazo frontal del resto de los partidos de la oposición que protagonizaron un bronco debate con la consejera de Salud, Catalina García Carrasco.
Si a esta situación se ha llegado por deficiencias de gestión y control por parte de la Junta de Andalucía, “habrá que analizarlo”, apuntó la diputada de Adelante María Isabel Mora; si la empresa “ha inflado precios o no ha satisfecho los servicios prestados, hay que rescindir el contrato” actual, añadió.
En el mismo sentido se expresó Inmaculada Nieto por parte de IU, y recordó que la Agencia de la Competencia sancionó con cinco millones a Pascual “por beneficio ilícito de 164 millones ganados indebidamente”, dado que “cobraba un 82% más por mamografía y un 564% por las vasectomías”, entre otras pruebas diagnósticas y de cirugía. “A esa empresa condenada por las condiciones leoninas” de sus actividades “le dan carta libre y 1.000 millones en cinco años”, reprochó al Gobierno andaluz.
“La solución” a los litigios abiertos entre la Junta de Andalucía y la empresa “no es regalarle 121 millones”, sino “llegar hasta el final” en los tribunales, afirmó la socialista María Ángeles Prieto, al tiempo que acusó a Pascual de llevar a cabo “prácticas reprobables”, “abusar” de la Administración gracias al monopolio en el sector privado y “negociar con la salud”.
Beatriz Jurado, portavoz del PP, reconoció que Juanma Moreno se encontró con una “trampa millonaria” con Pascual, pero acusó al PSOE de ser responsable. La consejera de Salud también cargó tintas contra la gestión socialista, y sostuvo que, con este acuerdo, la Administración evitar un perjuicio mayor porque la empresa reclama casi 300 millones, pese al concierto actual, de 771, por los centros de Cádiz, Villamartín, El Puerto, Sanlúcar y Huelva.
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