La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha convocado una manifestación mañana, a las 12.00 horas, en la explana del aparcamiento de Puerto II para reclamar a las administraciones que garanticen los derechos a la salud de las personas que se encuentran privadas de libertad.
Marta Horno y Toché García, miembros del grupo de prisiones de la asociación, aseguran que no se está cumpliendo. En primer lugar, por la falta de recursos humanos. De acuerdo a los datos facilitados durante una comparecencia pública en la mañana de este jueves, “las plantillas sanitarias se encuentran al 50%” y no se reponen las plazas sin cubrir, de manera que el personal disponible “se encuentra sobrecargado”. Como ejemplo, indicaron que recientemente, el Juzgado de los Social número 2 de Sevilla ha condenado a Instituciones Penitenciarias por la situación del responsable de enfermería, que tenía que atender a 1.200 reclusos.
Las condiciones en las que cumplen sus penas también se les antojan escandalosas a las representantes de APDH-A, quienes recordaron que Puerto I y Puerto II carecen de sistema de calefacción. En esta época del año, apuntaron, “el frío y la humedad dificulta conciliar el sueño o concentrarse para llevar a cabo actividades como leer o escribir, pero además, está afectando negativamente a la salud de las personas presas”.
Capítulo aparte merece la salud mental. Horno y García afirmaron que, en torno al 40% de los reclusos sufre algún trastorno y alrededor del 8%, una enfermedad mental grave. Sin embargo, “carecen de los recursos terapéuticos necesarios”. “Es imposible que los afectados puedan recuperarse y reinsertarse dentro de prisión”, lamentaron. Además, el programa desarrollado por Instituciones Penitenciarias de atención integral a estas personas, al que está adscrito el 4,33%, tampoco cuenta con el personal necesario. El Defensor del Pueblo se ha preocupado por esta carencia y APDH-A ha afeado que, en lugar de ofrecer terapia, la Administración se limite a repartir psicofármacos.
En este contexto, las portavoces de la asociación consideraron que muchas de las 184 muertes registradas en las cárceles españolas durante el pasado año podrían haberse evitado, en concreto aquellas producidas por sobredosis, a causa del suicidio o por falta de atención médica, por lo que exigieron la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas para que atajen esta problemática.
Por otro lado, reclamaron que se retomen los talleres ocupacionales suspendidos por la pandemia de Covid en Puerto III de los que se beneficiaban los jóvenes y las mujeres.
En el caso de estas, han advertido que las condiciones en las que se hayan son todavía peor. “Se encuentran en un único módulo en Puerto III”, señalaron, “tanto las reclusas preventivas como las ya condenadas, mezcladas sin diferenciar delitos o edad”. Las que cumplen penas en módulos mixtos, “se ven obligadas a estar alejadas de sus familias”, agregaron. “En España solo hay cuatro cárceles de mujeres, una en Alcalá de Guadaíra, y el Gobierno se planteó cerrarla”, alertaron finalmente.
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