El conflicto entre el Ayuntamiento de Cádiz y los sindicatos de la Policía Local vuelve a estar en el punto de mira y podría salpicar de lleno al próximo evento que se celebrará en Cádiz dentro de 15 días: la procesión magna. El principal escollo podría surgir en el control y regulación de tráfico una vez que termine esta salida extraordinaria en la plaza de San Agustín el día 17, dado que hay 17 cofradías que tendrían que regresar a sus respectivos templos. Para controlar el tráfico rodado en gran parte del casco antiguo y Puerta Tierra se requiere un número extra de agentes. Sin embargo, para este evento está previsto que estén de servicio “los policías a los que les trabajar por su cuadrante”, apunta a Viva Cádiz Francisco Rama, portavoz de UPLB, la sección sindical mayoritaria en el 092, que confirma que el servicio no se verá reforzado por los que se presenten de forma voluntaria y perciban, por tanto, un dinero adicional.
Se amparan en el “acuerdo asambleario” que los sindicatos aprobaron en el mes de junio tras romper las negociaciones con el Gobierno local. Unas circunstancias especiales, la de no incrementar la plantilla, que ya se produjo en el carnaval oficial de mayo, aunque no en el no oficial ni en Semana Santa. “Esto no es nuevo, ya en el carnaval oficial no hubo voluntarios, y eso lo decidió la asamblea, no tenemos derecho a decidir ir o no a la huelga, pero tenemos otros mecanismos de presión para forzar una negociación que el alcalde reventó el pasado mes de mayo”, defiende Rama.
Horas antes, era el propio Gobierno local el que en un comunicado pedía a este y al resto de representantes de los sindicatos de la Policía Local que “tengan sentido común y no secuestren a la ciudadanía”, tras hacerse eco de la preocupación del Consejo Local de Hermandades y de cara también a las consecuencias que esta protesta supondría para la celebración de la competición SailGP el fin de semana siguiente (24 y 25 de septiembre). Tras la ruptura de las conversaciones en mayo, las posturas de las dos partes son completamente contrapuestas.
Desde el equipo de Gobierno aseguran que se les solicitó a los sindicatos que “presentaran una propuesta de mejoras laborales y para la RPT, pero aún no han abordado este asunto con los otros sindicatos”. Ya en el mes de junio, continúa el comunicado, “se les emplazó a alcanzar un punto de acuerdo que les pareciera bien a todas las partes. Son ellos los que tienen que poner el acuerdo encima de la mesa, si presentan una propuesta de consenso la aceptaremos”, reiteran. Por ello, insistieron en instar a los sindicatos a que “se sienten, que sean los que den el paso. Después de que este Equipo de Gobierno se dejara la piel para intentar llegar a un acuerdo que no fue posible, que sean ellos los que aprovechen una oportunidad que nunca se les ha dado y decidan las mejoras laborales de sus compañeros y compañeras”.
Por contra, lamentan que los sindicatos de Policía Local no hayan dudado “en tomar a los gaditanos y las gaditanas como rehenes si con eso consiguen su objetivo de incrementar su sueldo en un millón de euros por hacer exactamente el mismo trabajo. Ya se les recordó que primero tenían que sentarse con el resto de fuerzas sindicales y elaborar un documento conjunto que el Ayuntamiento avalaría sin más, pero nuevamente han optado por la extorsión y el chantaje. Cádiz no se merece unos dirigentes sindicales así”, concluyen.
“En la casilla de salida”
Desde UPLB, por su parte, aseguran que “el único responsable directo” de esta situación es el alcalde de Cádiz, José María González, ‘Kichi’, al que también reclamó “sentido común” y “responsabilidad” como “capitán de un barco que va a la deriva”. “Nosotros a finales de 2021 le dimos una tregua porque se comprometió a presentar una propuesta y mientras estaba la mesa de negociación no hubo problemas ni en Navidades, ni en la San Silvestre, ni en los carnavales de febrero, pero en mayo nos traicionó y retiró su propia propuesta: estamos en la casilla de salida”, sentencia. No obstante, tiene claro que “hay solución” y les pide que les convoque para retomar las negociaciones del acuerdo regulador “y no nos levantemos de la mesa hasta que no se hayan cerrado (las conversaciones). Desde UPLB recuerdan que el acuerdo regulador de los 1.000 empleados públicos (200 de ellos policías locales) está “caducado desde 2010”. “Es de justicia que se revise y más en las circunstancias actuales con la subida de la inflación”, por lo que dejan claro que van a seguir “presionando”, como también lo hace el sindicato UGT desde el pasado julio.
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