Mercedes Amézaga, trabajadora del Servicio Andaluz de Salud (SAS) lamenta la situación de indefesión en la que se encuentran los empleados públicos ante la pérdida de poder adquisitivo. El origen del problema que sufre el sector, según la profesional sanitaria, tuvo lugar a raíz de la crisis económica de 2008. Solo dos años después de que explotara la burbuja inmobiliaria, explica, comenzaron los recortes en sus nóminas. Doce años después, sin haber recuperado lo perdido, el incremento del coste de la vida les pasa factura.
Este miércoles, un centenar de funcionarios se concentraron frente a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz para reclamar una solución. El presidente de CSIF en la provincia, Enrique Estévez, sostuvo que los recortes salariales acumulados alcanzan un 15%. “El personal del sector público lleva contribuyendo al Pacto de Rentas más de diez años”, advirtió, por lo que reclamó que los gobiernos central y autonómioco les escuche. “Necesitamos remuneraciones acordes al trabajo que desarrollamos”, agregó.
Asimismo, alertó de la alta temporalidad en el empleo de las administraciones públicas, que según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) se sitúa en torno al 29,2% en Andalucía, lo que en números absoluto supone 175.100 empleos temporaloes en el conjunto de los 599.100 asalariados totales en el sector.
La organización, que es la más representativa en las administraciones públicas, ha diseñado un calendario de movilizaciones que tiene previsto continuar con una gran concentración en Sevilla el próximo 22 de junio.
A esta agenda reivindicativa se suma Jusapol, cuyo representante provincial, Juan Maestre, denunció ayer que, “pese a que siempre estamos dando el callo, nos aprietan un poquito cada vez más los gobiernos, sean del color político que sean”, al tiempo que reclamó la equiparación salaria de Guardia Civil y Policía Nacional con policías autonómicas y locales.
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