Arropados por miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal y la Confluencia Sindical de la Bahía de Cádiz, tres de los cinco detenidos por su presunta participación en los graves altercados registrados durante la huelga del metal franqueron la puerta del juzgado de Puerto Real puntualmente a las diez de la mañana para prestar declaración ante el juez por los delitos de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad, lesiones y daños que se les imputan.
Cuatro horas y media después, el abogado defensor, Pedro Castillo, se mostró satisfecho por cómo había discurrido la comparecencia. “Hemos podido poner de manifiesto que las detenciones producidas el pasado 16 de diciembre son ilegales”, explica.
“Los hechos sucedieron tres semanas antes, no había riesgo ni se encontraban fugados, no tenía sentido montar el dispositivo policial que se montó, violando el derecho del honor y de intimidad” de estas personas, “utilizando de forma desproporcionada los recursos humanos y materiales y la fuerza para darles una citación judicial”, sostiene. De hecho, asegura que otros dos investigados más han recibido una comunicación sin ser arrestados.
Tan convencido está de que se actuó de manera negligente, que ha confirmado que ultima acciones legales, y considera muy débiles las pruebas que esgrimen.
Asimismo, ha lamentado las filtraciones de datos personales y antecedentes penales el mismo día de las detenciones con objeto, ha advertido, de criminalizar a sus defendidos, cuya participación en los paros convocados por los sindicatos está justificada.
“Le hemos trasladado a su señoría que ejercieron su derecho a huelga y formaban parte de piquetes no solo por la subida del IPC, sino por la defensa de los derechos laborales”, añade. Sin embargo, uno de los comparecientes perdió su trabajo al término del conflicto.
Y, insiste, por ejercer su derecho a huelga, sufrieron “la represión policial”. Explica que uno de los detenidos participaba en un piquete frente a la fábrica de Puerto Real y los agentes “lo tiraron inmediatamente al suelo, tras pararlo, le pusieron una bota sobre la cabeza y le bajaron los pantalones y los calzoncillos”. Además, le acusaron de que el material de guerrilla encontrado en la basura en las inmediaciones eran de él “sin pruebas”, agrega. La misma “brutalidad”, prosigue, fue desplegada los días 22, 23 y 24, especialmente en la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real, donde se usó la tanqueta que arrastraba, relata, todo lo que encontró a su paso.
Castillo ha trasladado al juez su extrañeza porque el movimiento protagonizó ocho días de paros en agosto de 2020 y cortó el puente de Carranza sin que se desplegara dispositivo alguno. La única explicación que encuentra el abogado es que, en esta ocasión, se ha tratado de desacreditar el movimiento obrero.
“Querían atemorizar a un barrio obrero”
El portavoz de la Confluencia Sindical de la Bahía de Cádiz, Manuel Martínez, pidió la retirada de los cargos de los cinco detenidos “y el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del que era el Gobierno más progresista de la historia”. “Las detenciones se han hecho de modo exagerado, como lo fue la respuesta policial a la huelga, con el objetivo de amedrentar y atemorizar a un barrio obrero e intentar frenar las próximas movilizaciones”.
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