La periodista Mariló Montero ha declarado hoy que aunque las fotos suyas, que los paparazzi Diego Arrabal y Gustavo González encargaron a unos fotógrafos en Bora Bora en 2015, no se publicaron pero fueron "de mano en mano" en las redacciones de algunos medios.
En un juicio este martes en la sección tercera de la Audiencia de Barcelona, la presentadora ha testificado que aunque las imágenes, donde salía junto a una amiga suya, no se llegaron a publicar pese a que los paparazzi trataron de venderlas a la revista 'Lecturas', es como si lo hubieran hecho, porque "las vieron muchas personas, de redacción en redacción, de mano en mano".
La acusación particular ejercida por Montero pide seis años de cárcel y una indemnización de 265.000 euros a los paparazzi Diego Arrabal y Gustavo González, a los que acusa de un delito de revelación de secretos por unas fotografías en toples en un bungaló de Bora Bora durante unas vacaciones de Semana Santa de 2015.
Por su parte, el ministerio fiscal exculpa a los dos acusados de responsabilidad penal, al considerar que no hay delito en la conducta de los paparazzi, sino que en todo caso se les pueden reclamar indemnizaciones por la vía civil.
La sesión del juicio, en el que las cuestiones previas se llevaron a cabo el pasado julio, ha comenzado este martes con la declaración de Montero, seguida del resto de testigos, mientras que Arrabal y González está previsto que intervengan mañana a partir de las 10.00 horas.
"Las vieron muchas personas, de redacción en redacción, de mano en mano, me llamaban por teléfono, me las describían con sumo detalle", ha denunciado la presentadora de televisión en una declaración que ha durado cerca de una hora y media, en la que ha añadido que en una ocasión incluso "oía carcajadas de fondo".
Montero ha relatado ante el tribunal que es una persona muy recelosa de hacer pública su vida privada, y había sido tan perseguida (por la prensa) que se volvió "una obsesa" de su privacidad, hasta el punto de que "si viajaba en Alemania, paraba en París".
La periodista ha afirmado que se fue al fin del mundo para que no la pillaran los paparazzi, con el objetivo de descansar y estar tranquila y relajada.
No obstante, ha relatado que cuando volvió a España su agente le comunicó que la habían fotografiado "en una de las mil y pico islas de la Polinesia Francesa, en un hotel súper de lujo, privado".
La presentadora ha expresado que con las fotografías se sintió como si la hubieran "violado dos veces", y ha detallado que los dos acusados, a los que ha acusado de llevar toda la vida haciendo lo mismo, enviaron a dos fotógrafos a su avión y a otros dos a retratarla por Bora Bora.
"Cuando me dicen que se van a publicar entré en pánico, me lo dijo mi representante, y le dije: ¡páralo, paralo!", ha añadido Montero, por lo que su agente -que también solicitó medidas cautelarísimas- emitió un comunicado donde advertía que las fotos habían sido tomadas en un recinto privado y sin consentimiento.
En el juicio también ha testificado el director de la revista 'Lecturas', Luis Pliego, quien ha afirmado que recibió las fotografías de parte de los dos paparazzi, de quienes ha señalado que sabían que "había fotografías que no se podían publicar", pero aun así las enviaron.
Pliego ha detallado en su declaración que los dos acusados le dijeron que si él no quería las fotografías, se las ofrecerían a la revista 'Interviú'.
"A mí me habrían cerrado el chiringuito si yo hubiera publicado esas fotografías", ha indicado.
El juicio se celebra en Barcelona porque, si bien la querella se presentó en Madrid y la sede de la empresa de fotografía de los paparazzi, Diegus S.L., está domicilada en Marbella, la revista a la que intentaron venderle las fotografías está ubicada en la capital catalana.
Por otra parte, un juzgado primera instancia de Madrid condenó a los paparazzi a pagar 265.000 euros a Montero, la misma cantidad que la periodista solicita como indemnización por la vía penal, y 90.000 euros de esa suma obedecen a falsas informaciones que supuestamente difundieron sobre su condición sexual.
De hecho, durante las cuestiones previas del pasado julio, la defensa de los dos procesados puso de manifiesto que la acusación particular reclamaba una cantidad que el juzgado de Madrid ya les había condenado a abonar, un argumento al que se adhirió el ministerio público.
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