La aprobación por parte del Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley sobre Memoria Histórica y Democrática “despierta la esperanza y la ilusión de que las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y la ciudadanía consigan verdad, justicia y reparación”.
“Llevamos luchando décadas por estos objetivos”, apunta Andrés Rebolledo, presidente del Foro por la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar, quien se felicita por el paso dado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para “la condena del franquismo y el daño social que causó”.
Estaremos “muy vigilantes” en la tramitación del anteproyecto, advierte, sin embargo, y, en la línea de lo expresado por la Asamblea Memorialista Andaluza, integrada por una treintena de colectivos, entre los que se encuentra el que representa Rebolledo, considera que el texto debe considerar reivindicaciones fundamentales. En este sentido, reclama “un proceso de participación y consulta abierto a todo el movimiento memorialista andaluz, y no solo a parte de él, como ha ocurrido en la pasada reunión con la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo”.
“En este proceso participativo -agrega-, la ley debería incorporar algunas cuestiones claves como la derogación total o parcial de la Ley de Amnistía y la modificación del artículo 578 del Código Penal para que incluya el reconocimiento jurídico de víctimas del franquismo” para “poner fin al encubrimiento de crímenes” y que no haya “víctimas de primera y de segunda”.
Asimismo, plantea la necesidad de que el anteproyecto incluya una mayor concreción de la incorporación al currículo de los contenidos y valores de memoria democrática y el reconocimiento en el preámbulo de la Segunda República Española como único antecedente histórico de la actual democracia parlamentaria.
No obstante, valora algunas de las cuestiones que ya recoge la nueva norma, como la nulidad de los juicios sumarísimos, en los que se condenaron a unas 250.000 personas, la asunción por el Estado de las exhumaciones, la creación de un banco de ADN, la elaboración de un censo oficial de víctimas o la creación de una Fiscalía de la Memoria.
Esta es una de las últimas oportunidades de restituir de dignidad a los caídos en la Guerra Civil y a los represaliados, en opinión de la Asamblea Memorialista Andaluza. Rebolledo indica que la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconoce y amplían derechos y se establecieron medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la lucha fratricida y la dictadura, fue una mera declaración de intenciones. “Importante paso, pero llegó tarde, no contemplaba todas las reivindicaciones de los colectivos memorialistas y se incumplió. Se dieron los primeros pasos para acabar con la terminología y símbolos franquistas, pero faltó valentía”, asegura.
Recuerda, por ejemplo, que en Córdoba, José Cruz Conde y el marqués de Vallellano, dos figuras ligadas a la dictadura, volvieron al callejero de la ciudad de la mano de PP y Ciudadanos, donde PSOE e IU les habían borrado. O lamenta el caso del instituto de La Línea, localidad en la que “los fascistas asesinaron a sangre fría a más de 300 personas”, que mantiene el nombre del “jerarca franquista” Menéndez Tolosa.
La ley andaluza, por su parte, “fue un referente”, aunque pecó de los mismos defectos que la normativa nacional. Y, aunque la modificación realizada en 2017 salió adelante con el acuerdo de todos los partidos con representación parlamentaria en la cámara autonómica, “ha quedado en aguas de borrajas”, porque el nuevo Gobierno, con Juanma Moreno y Juan Marín al frente, líderes del PP y de Ciudadanos, respectivamente, la incumplen sistemáticamente. “Andalucía en la actualidad -lamenta- no tiene una dirección general de Memoria Histórica, sino un Comisionado de la Concordia y presupuesto cero”.
Los trabajos que lleva a cabo el Foro por la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar solo cuentan con el respaldo de la Diputación Provincial de Cádiz y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Gracias a los proyectos patrocinados por estas instituciones, se han recuperado 13 cuerpos en dos fosas comunes en Jimena, se trabaja ya para localizar el enterramiento de entre 200 y 300 víctimas en La Línea y se proyectan actuaciones en Castellar y San Roque.
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