Con la de escándalos que depara la vida española, tanto la política como la social y la económica, nos enfangamos cada cierto tiempo en lo que resume la socorrida frase de los “escándalos de la nada”. Son estos escándalos los provocados por intereses económicos o políticos y no por algo objetivo. La discusión no existe. Existe la confrontación sin argumentos. Los argumentarios sustituyen a los razonamientos. La vida intelectual se empobrece y la zafiedad ocupa su lugar.
Dos asuntos han ocupado estos días ese escenario de los escándalos interesados. El relativo a la Fiscalía General del Estado y el de la educación de los hijos y la tutela de los padres sobre ellos.
En el primero -la fiscalía- lo dejamos claro en estas páginas- era evidente que en la mayor parte de los países de nuestro entorno democrático tanto europeo como americano son los gobiernos y las jefaturas del Estado los que nombran por consenso, con la preceptiva, pero no siempre vinculante participación parlamentaria, a los fiscales generales. Casi sin excepción. ¡Qué falta de lectura! ¡Qué deseos irrefrenables de enredar! El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington nombró a Edmund Randolph, un abogado y político estadounidense, séptimo gobernador de Virginia, segundo secretario de Estado como primer fiscal de EEUU y desde entonces el fiscal es miembro del gobierno. Era el siglo XVIII, pero ahora en la democracia más vieja de Europa -la del Reino Unido- se hace igual. Se nombra a un diputado de la Cámara de los Comunes por el Primer Ministro. Lo importante es el comportamiento del que se nombra. Escándalo de la nada.
El otro - la educación en libertad de los hijos- es otro tormenta interesada en un vaso de agua. ¿Quién va a negar la responsabilidad de los padres? ¿Quién va a poner en duda la función educadora de la escuela? Para hacer demagogia siempre hay tiempo, pero concertar ambos aspectos no parece difícil. Si se quiere. Si no se quiere, no habrá nunca forma de lograr ese acuerdo, ni paz en el sistema escolar. Son escándalos buscados, procurados. Se quiere inventar un conflicto inexistente. Es la democracia y sus resortes -en la escuela y fuera de ella- la que defiende a la infancia en España. El Estado es el que tiene esa primera obligación, con los padres y los ciudadanos, para evitar cualquier abuso.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
