Hay pocas dudas de que habrá un antes y después de la sentencia del procés. Tan pocas que el mismo Ministerio del Interior va a mantener y, posiblemente a ampliar, el dispositivo de antidisturbios en Cataluña tras el 16 de septiembre. El análisis de riesgo de la situación en aquella comunidad no puede limitarse a la valoración de la radicalización en las calles, sino a todas las derivadas que el movimiento más radical de los separatistas llevará a las instituciones, a los edificios públicos y al mismo día de las elecciones. Parafraseando a Manuel Fernández y González, lo que era una necesidad de base oligárquica, la batalla por la identidad y por la señera librada desde la silla por el nacionalismo burgués, se ha convertido, después de tanto cabalgar sobre ella, en la obligación de arramplar con todo aquello que no llegue a cubrir el manto sagrado de la Moreneta.
Lo que vendrá a suceder tras la sentencia del Tribunal Supremo que podría hacerse pública en los próximos diez días - recordemos que el próximo 16 de septiembre se cumplen dos años desde la detención preventiva de los políticos catalanes y con ello el tiempo máximo de dos años de prisión provisional- afectará no solo a la convivencia en Cataluña sino a la campaña electoral en toda España. La previsión es que nos enfrentaremos a una sentencia dura con condenas de al menos doce años de prisión y penas de inhabilitación. El romanticismo de las llamadas al diálogo va a dar paso a duros enfrentamientos que contaminarán de lleno el debate electoral del 10 de noviembre. Les pese o no a los que piden una campaña de proyectos y de propuestas vamos por la vía rápida hacia un debate sobre la aplicación o no del 155. Un asunto que será el vector principal de las últimas tres semanas de campaña y que, a priori, favorecerá una fuerte dualización del electorado entre el PSOE y el PP.
Dos de cada tres españoles se encuentran muy o bastante preocupados con lo que pueda suceder en Cataluña en las próximas semanas. Este dato revela hasta que punto los previsibles incidentes violentos y la posible aplicación por parte del Gobierno en funciones del artículo 155 o de la Ley de Seguridad Nacional, podrán afectar a la campaña. No solo por lo que suceda en la calle, sino por la repercusión internacional que tendrá la campaña nacionalista contra el Estado y el interés ilegítimo de algunos partidos, y de algunos políticos, en dañar la imagen de la democracia española y de España para beneficio propio. Lo que paradójicamente no deja de ser una afición muy española: la de hablar mal de todo lo nuestro. Sin duda, esta mayoría del electorado va a valorar, por encima de otros asuntos, el posicionamiento y la coherencia de los candidatos, y la de sus partidos, en todo lo relativo a la cuestión catalana. Pero otros, absurdamente, como sin fueran calçots, se están cocinando sobre llamas de sarmientos y, como estas cebolletas tan catalanas, van camino de servirse carbonizados el mismo día de las elecciones, envueltos para su gloria en papel de periódico como en la estampa de una típica calçotada.
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