Las comunidades de propietarios, fundamentalmente del casco histórico de Sevilla, están empezando a movilizarse por su cuenta ante la problemática que en muchas de ellas empieza a generarse con los apartamentos turísticos, y la intención de vecinos que pretenden incorporar su vivienda a la oferta de alojamientos para los visitantes de la ciudad.
Tanto es así que las asambleas están adoptando medidas para impedir que en sus bloques o comunidades puedan implantarse viviendas de uso turístico, debido a las molestias que su funcionamiento provoca sobre la vida diaria del resto de vecinos.
En el mejor de los casos, o sea, que entre sus vecinos no haya ninguno con intención de habilitar su piso con fines turísticos, la solución es sencilla: modificar los estatutos (para lo cual se requiere unanimidad) y estipular explícitamente la prohibición.
Pero los casos más controvertidos se dan cuando uno de los propietarios ya ha manifestado su intención de ofertar su casa. La mayoría necesaria para la modificación estatutaria con la que evitarlo será imposible, por razones obvias. De ahí que los vecinos tengan que recurrir a otro tipo de medidas de corte disuasorio que sólo necesiten de mayorías simples.
Según ha podido confirmar Viva Sevilla, uno de los antídotos al que algunas comunidades están recurriendo es el de la implantación de un moderno sistema de acceso a las zonas comunes basado en la lectura de huella dactilar.
De esta forma, se consigue restringir la entrada al bloque estrictamente a los vecinos, e impidiendo con ello el tráfico de huéspedes distintos por las instalaciones. La medida tiene, en efecto, un innegable efecto disuasorio.
Empresas especializadas
Según ha podido consultar este periódico con varios administradores de fincas, en Sevilla ya hay varias empresas que están presupuestando instalaciones en varias comunidades, como por ejemplo Teanco SL y Dosur Telecomunicaciones.
El coste de este sistema de huella dactilar oscila entre 2.500 y 3.000 euros en función de las características y necesidades de cada comunidad. La inversión a realizar es, por tanto, notable.
En cualquier caso, las comunidades de vecinos podrán próximamente vetar por mayoría de tres quintos (y no por unanimidad) el establecimiento de pisos turísticos en sus edificios, según la nueva normativa en el que ya trabaja el Ministerio de Industria.
En concreto, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, acaba de anunciar la intención del Gobierno de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la de propiedad horizontal. En la actualidad esta norma incluye la potestad de prohibir pisos turísticos, pero por unanimidad.
Lo que se hará, según Oliver, es modificar la ley para que sea suficiente una mayoría de tres quintos. En todo caso, se trata de un proyecto de modificación normativa en marcha, que requerirá aún de cierto tiempo para ser de aplicación.
Oliver, además, aseguró que se buscará la complicidad de las comunidades autónomas y de la administración local, ya que tienen la competencia de ordenación del territorio: “El objetivo es acordar una guía para regular este fenómeno y den mayor seguridad jurídica”.
Desprotección
Sin embargo, la sensación de desprotección que viven las comunidades es notoria y a ello contribuye, en buena medida, la falta de regulación ante un fenómeno que se está propagando muy rápido. Algo que contrasta con la falta de reflejos de las administraciones al respecto.
El Ayuntamiento de Sevilla, por el momento, se ha limitado a adelantar, hace dos semanas, que se está planteando tratar los pisos turísticos como “hospedajes terciarios” ceñidos a la obtención de la licencia de actividad. Todo ello, además, mediante una modificación del PGOU.
Conviene subrayar que, en el contexto de esta problemática, hay que diferenciar entre los bloques enteros de apartamentos turísticos (tendencia al alza de la mano de promotoras e inversores), y los pisos particulares de vecinos que deciden ponerlo en oferta.
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