El Partido Popular de Barbate ha aclarado que su voto en contra a la aprobación del Plan de Ajuste –requisito previo para acogerse a los Fondos de Ordenación para unificar la deuda- se debe principalmente a que “contempla literalmente subida de impuestos a los ciudadanos”, una medida que “bajo ningún concepto vamos a apoyar”. Así lo ha afirmado José Manuel Martínez Malia, presidente del PP barbateño, quien señala que “además, la deuda planteada por el equipo de Gobierno no es real, ya que no recoge, por ejemplo, el reintegro de numerosas subvenciones exigido por distintas administraciones, costas judiciales, etc. que suman varios millones de euros mas y que quedaría fuera del préstamo que plantea Miguel Molina”.
A juicio del PP, “el Plan de Ajuste está mal planteado de principio a fin, por lo que sería una irresponsabilidad por nuestra parte apoyarlo”. Además, “el préstamo que quiere solicitar Miguel Molina para supuestamente unificar la deuda no es la solución, ya que el Ayuntamiento sería incapaz de cumplir con los plazos de devolución, con los consiguientes perjuicios para los ciudadanos (subida de impuestos, reducción de personal, nuevas tasas, etc.)”.
“El Ayuntamiento cuenta con una deuda de 7 millones de euros inaplazable, que es el préstamo que a nuestro juicio debería haber solicitado el equipo de Gobierno y lo hubiéramos apoyado; pero hay que negociar la deuda aplazable”, explica Martínez, quién tiene claro que “al solicitar el préstamos de 71 millones de euros, además de no cubrir la deuda real, se está aceptando una deuda cargada de irresponsabilidades políticas que habría que auditar ya que hay partidas que deberían negociarse con el Gobierno”.
“Las administraciones superiores son cada vez más conscientes de la situación de Barbate, con sus servidumbres, limitaciones y numerosas situaciones que han afectado al desarrollo de esta localidad”, afirma el PP, “por lo que hay que exigir una solución viable y realista, con negociaciones que compensen a Barbate”, afirma Martínez. Por último, el PP ha lamentado “el papel de víctima que el alcalde viene interpretando con afirmaciones como que no se podrá liberar la PIE, cuando ya se le ha liberado y no ha sabido cumplir con las obligaciones que ello conllevaba, al igual que ha ocurrido con los préstamos que se le han concedido y con los que no está cumpliendo los pagos acordados”.
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