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Miércoles 22/09/2021

Atando Cabos

Impunidad ecológica.

Se debe actuar con peso a la hora de perseguir a los que contaminan y hay que vigilar para que se prevengan delitos similares

Publicado: 23/06/2021 ·
09:22
· Actualizado: 23/06/2021 · 09:22
  • Aznalcóllar
Autor

Remedios Jiménez

Licenciada en Historia, docente jubilada, integrante del Aula Atenea del Ateneo de Jerez y de varios clubes de lectura

Atando Cabos

Es mi forma de desentrañar la maraña informativa. Cuento con la complicidad del lector para llenar los huecos de la ironía

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Hay una pelota en todas las tardes de mi infancia. Una pelota que bajaba rauda por la cuesta al primer despiste y que había que correr a buscar. Era una ley física, no se podía luchar contra ella. Pero, a menudo, acabamos adjudicando efectos de ley física a cosas que, en realidad, no lo son, y al no serlos son perfectamente evitables. No deberíamos confundirlas, por mucho que nos parezcan asimilables.

En 1998, hace veintitrés años, se produjo el desastre ecológico de Aznalcóllar.  El parque natural de Doñana se vio terriblemente afectado por un vertido tóxico. La Junta asumió todos los costes, adelantándose a la empresa que prometió responder. Limpió todo lo que pudo, porque aún hoy quedan restos imposibles de eliminar.  Boliden, por su lado, se ha hecho la sueca, que para eso poseía esta nacionalidad, a día de hoy, no ha puesto ni un euro, ni piensa ponerlo.

Consecuencias de que los delitos ecológicos queden impunes: otras empresas similares de trabajo minero en Riotinto siguen acumulando sus residuos en balsas, con eminente riesgo de repetir la situación. En cualquier momento podemos sufrir otro Aznalcóllar. No será producto de una ley física sino de una actuación completamente salvable. Todo el rico medio natural onubense en riesgo porque no se invierte en el procesamiento de los residuos, así no se resta nada a los beneficios. ¿Miedo de delinquir? Ninguno, si aquí no pasa nada, a la vista de los acontecimientos. El asunto fue del Juzgado de Primera Instancia, rodando de juzgado en juzgado, hasta el Supremo, que lo devolvió al de origen, el de Primera Instancia.

Una se pregunta si no sería mejor que estos temas estuvieran en manos del Gobierno central, en vista de la inoperancia de la Junta. Son asuntos muy graves que deben tener a todo un Estado detrás. Se debe actuar con peso a la hora de perseguir a los que contaminan y hay que vigilar para que se prevengan delitos similares. Mientras no se hace nada, los ciudadanos deberían concienciarse y exigir responsabilidades a los políticos y la aplicación de las leyes. A poder ser, antes de que nos encontremos de nuevo con un desbordamiento de metales pesados de incalculables repercusiones que no se solucionar con una limpieza con cargo a las arcas públicas. La minería en Huelva es una bomba de relojería ecológica. Lo era en 1998 y lo es en 2021.

 

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