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Jueves 21/10/2021

Artículo Primero

La puñeta de las togas

Una parte importante del poder judicial está haciendo política. Política con mayúsculas.

Sabido es que los jueces se disfrazan para ejercer su función de jueces. Como los curas ejerciendo de curas. Siempre he pensado que se trataba de significar que ellos estaban por encima de los mortales vulgares. Y debe ser así, porque cada vez que sentencian una barbaridad no hay poder humano por encima de ellos capaz de enjuiciarlos o removerlos de su poltrona.

En su disfraz judicial un elemento importante es la puñeta, una especie de adorno de puntilla que llevan en la bocamanga. Como el pueblo es sabio en su uso del lenguaje, hacer la puñeta se ha transformado coloquialmente en una expresión que significa perjudicar y fastidiar al prójimo.

Que eso es lo que está haciendo el poder judicial: en sus más altos niveles se han convertido en una amenaza, un verdadero peligro para la significación de la democracia y los derechos humanos. Se han convertido en una espoleta capaz de hacer implosionar las bases de nuestra democracia.

La lista de despropósitos judiciales es apabullante. La apología del franquismo es libertad de expresión, pero hablar del Rey te puede llevar al trullo. Sentencias a favor de la educación segregada en la escuela al tiempo que otras que dificultan la extensión de la escuela o la sanidad públicas, privilegiando en ambos casos a la privada. El Constitucional confirma la condena a un sindicalista por “incitar” a quemar una bandera. Apoyo al sistema bancario y sus abusos frente a la gente y sus derechos. Condenas y mas condenas por injurias a la corona o ataque a los sentimientos religiosos.

El juicio del procés plagado de irregularidades y vulneración de derechos de los procesados con condenas inauditamente elevadas y calcificaciones jurídicas extemporáneas, que estoy seguro de que van a enmendar la Justicia Europea, que esa es otra, el desprestigio y ridículo de los jueces españoles en Europa.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la última sentencia del Tribunal Constitucional con respecto al estado de alarma. No sólo es jurídicamente insostenible, a juicio de la mayoría de los expertos constitucionalistas, sino que normaliza el estado de excepción que permitiría suspender varios derechos fundamentales, tales como la inviolabilidad del domicilio (que se pueda entrar en los hogares sin autorización judicial), la libertad y seguridad; la libre circulación; la libertad de prensa y expresión o el derecho a la reunión.

En este contexto se suele hablar mucho de la independencia judicial. Se piensa que están supeditados al partido que mayoritariamente los nombró. Y se comprende de sobra que el PP bloquee de forma escandalosa e incumpliendo la Constitución, con uno u otro pretexto, la obligada renovación de los diferentes órganos constitucionales: Consejo General del Poder Judicial (caducado desde 2018), el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el Tribunal constitucional. Las mayorías superconservadoras están dictando resoluciones como churros en la órbita ideológica de aquellos que los nombraron.

No comparto demasiado esa apreciación, porque en realidad son parte de lo mismo. Una parte importante del poder judicial está haciendo política. Política con mayúsculas. Está intentando socavar al gobierno de coalición legítimamente elegido. Pero sobre todo están intentando hacer todo lo posible a través de sus sentenciaspara impedir que se pongan en marcha políticas de izquierdas a favor del común, a favor de la gente. Sea en sanidad, sea en salud, sea en derechos sociales, democracia o sea en políticas económicas progresistas.

Algo habrá que hacer, porque parece que nadie puede enmendarles la plana. Al menos lo que no debemos es quedarnos callados por miedo. Algo habrá de cambiar, como escribía Rosalind Roosevelt en el preámbulo de la Declaración Universal de DDHH, a fin de que no nos veamos “compelidos al supremo recurso a la rebelión”.

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