El 15 de junio se constituyen los nuevos ayuntamientos surgidos de las elecciones del 26 de mayo. Pocos serán aquellos en los que un partido consiguió una mayoría absoluta. Por lo tanto, estaremos estos días contemplando las idas y venidas de los pactos entre unos y otros, lo cual no deja de ser sano e incluso positivo para la democracia.
Pero nos gustaría que en esos pactos no sólo se dirimieran los legítimos (y a veces no tan legítimos) intereses de los diferentes partidos políticos. Quisiéramos que la prioridad pudiera ser por una vez los intereses de la gente, de eso que llamamos pueblo, que, al fin y al cabo, dice la Constitución que somos el soberano.
A lo largo de la pasada campaña la APDHA ha hecho llegar sus propuestas y reflexiones a multitud de candidaturas de un buen número de localidades de nuestra provincia (ver https://www.apdha.org/cadiz/wp-content/uploads/Municipio-respetuoso-DDHH-2019-Versi%C3%B3n-Digital.pdf).
En ellas partíamos de la premisa que “cualquier política pública que se pretenda diseñar debe poner en el centro la vida y sus cuidados”. Deben ser políticas que reviertan las desigualdades generadas por la austeridad y los recortes y que avancen en el cambio de estructuras que las perpetúan.
Por ello pensamos que los nuevos ayuntamientos que se conformen a partir del 15 de junio se deben comprometer de forma clara contra la desigualdad, comenzando como no podía ser de otra manera, por la desigualdad de género. La lucha contra las violencias machistas deben ser un compromiso firme, al igual de la apuesta en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI
Si miramos atrás veremos que muchas de las reivindicaciones sociales fueron olvidadas en la anterior legislatura. Y debiera ser prioridad absoluta la cobertura de las necesidades básicas de la vida digna: suministros básicos, vivienda, servicios sociales, atención a la desigualdad, salud y escuelas públicas, entre otras.
Los municipios tienen que apostar por lo público en todos los ámbitos y no por las privatizaciones o externalización de los servicios, como se ha venido haciendo en no pocos municipios en las pasadas legislaturas.
Si atendemos a los índices en nuestra provincia, parece evidente la necesidad de poner en marcha políticas municipales para acabar con la pobreza, la marginación y la exclusión social, desde las personas sin techo a la pobreza infantil cada vez mayor en nuestras ciudades. Ello no es posible si no existe una apuesta clara de lucha contra el paro, verdadera lacra en nuestra provincia, que no puede quedar en grandes pero simples declaraciones de intenciones.
Y temas habitualmente olvidados como un especial cuidado para la integración de nuestros nuevos vecinos, las personas migrantes, el apoyo a las personas presas y sus familiares, o el comenzar a poner en marcha programas para la cooperación al desarrollo de los países empobrecidos.
Municipios en fin democráticos, transparentes y participativos, para que la ciudadanía sepa que se hace y a que se dedican sus recursos y para que la democracia no se limite a depositar un voto cada cuatro años.
Son nuevos ayuntamientos que tienen que afrontar todavía viejos retos y reivindicaciones, verdaderas asignaturas pendientes para el cabal respeto de los derechos humanos de todos y de todas.n
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