El 10 de diciembre se cumplen 69 años desde que la ONU en una sesión solemne en París, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Es verdad que se han dado pasos muy importantes durante todos estos años aprobando un buen número de acuerdos y tratados que han construido la sólida arquitectura internacional para la protección de los derechos humanos que disponemos. Pero es verdad también que al tiempo que se reconstruye igualmente se resquebraja esa arquitectura. Piénsese por ejemplo en la Convención de Ginebra de 1951, que protege el derecho al asilo a quienes huyen de la persecución y la guerra, que está siendo ignorada y -permítaseme decirlo así- pisoteada por los países de la Unión Europea, entre ellos España.
Hay todavía quienes piensan que las vulneraciones de derechos humanos tan sólo se están produciendo en países a los que despectivamente llamamos “tercermundistas”. Pero se equivocan. Las violaciones de derechos son una realidad constatable y lamentable en nuestra realidad más cercana. Así que cuando se acerca este día conmemorativo nos gustaría adelantar algunas preocupaciones.
En un primer bloque podríamos incluir lo que se vienen a denominar los derechos económicos y sociales, amparados no solo por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino por el Pacto Internacional de Derechos Sociales Económicos y Culturales aprobado por la ONU en 1966.
Hablamos de personas en situación de pobreza y exclusión, (de las que nuestra provincia soporta las más altas tasas de toda España: más del 30% de nuestras familias se pueden considerar pobres, algunas de solemnidad); de la imposibilidad de acceso a una vivienda digna para las personas con menos recursos (Cádiz capital podría ser un paradigma, con 7.000 personas demandantes de vivienda que no encuentran salida); del creciente número de personas que viven en la calle (que es una realidad en todas nuestras localidades nada o muy deficientemente atendidas); de las personas pobres encarceladas, alejadas de los derechos y del respeto de los demás; de personas mayores o de los menores; de las insoportables tasas de desigualdad (como acaba de señalar en un informe la Unión Europea que nos sitúa a España a la cola de Europa en Desigualdad); o el paro que no cesa, encabezando siempre en ranking la provincia de Cádiz, y que está en el origen de otros muchos males.
Por seguir con este criterio de agrupación de derechos vulnerados, otro segundo bloque imprescindible que hay que resaltar se refiere a las graves discriminaciones que sufren las mujeres en nuestra sociedad. Entre ellas sin duda la situación de violencia de género, que muestra cifras alarmantes no sólo de muertes, sino de violencia cotidiana. A veces se tiende a olvidar que los derechos de las mujeres son también derechos humanos.
Permítasenos un bloque un tanto arbitrario que englobe las discriminaciones por razón de opción sexual, o el racismo y la xenofobia, la discriminación y el maltrato hacia personas migrantes y refugiadas, haciendo de nuestro país un estado crecientemente cerrado e insolidario.
Finalmente -el espacio no da para más- referirnos al que se considera el bloque original de los derechos humanos, el bloque da soporte al resto y por eso se les llama a veces derechos fundamentales. Se trata de los derechos civiles y políticos, vamos las libertades y la democracia.
“Le llaman democracia y no lo es” se gritaba en las calles durante el 15M. Posiblemente todavía nuestra sociedad tenga un carácter democrático, pero ciertamente una democracia limitada y que afila a pasos agigantados sus rasgos autoritarios. No estamos todavía en Rusia, ni Rajoy es todavía un Putin o un Erdogan, pero todo apunta en que nos caminamos por esa senda. La Ley Mordaza, la aplicación del 155, una justicia manipulada por el poder político, los juicios por opiniones disidentes mientras se mantiene una amplia tolerancia hacia el fascismo y el nacismo, el ¡a por ellos oe oe!... están configurando una sociedad crecientemente autoritaria en la que también crecientemente se restringen derechos y libertades.
Podemos confiar poco en que la justicia o los políticos enderecen este camino para que veamos como se respetan cabalmente los derechos humanos. Para ello es preciso una ciudadanía que lo exija de forma comprometida, activa, cívicamente y de forma altamente solidaria. Quizás resucitando con más fuerza que nunca aquel viejo y sabio lema de la revolución francesa ¡libertad, igualdad, fraternidad!
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