El juzgado número 5 de lo Contencioso Administrativo de Sevilla ha dictado sentencia contra el Ayuntamiento de Arcos tras la denuncia interpuesta por la empresa Novohogar Inmobiliaria Andaluza SL en 2014, actualmente en fase de liquidación. La misma reclama al municipio 8,9 millones de euros porque supuestamente desconocía la naturaleza de los terrenos donde construyó una promoción de viviendas, en la barriada Pueblos Blancos que es una de las más afectadas de la localidad por el deslizamiento de los terrenos de la ladera. La sentencia reclama en concreto indemnización por “daños causados ya reparados, lucro cesante y daño emergente, y por devolución de avales ejecutados”, más los intereses devengados desde la fecha en que se produjo el pago o la pérdida económica de cada concepto.
La noticia no se ha podido recibir con mayor estupor por parte del equipo de Gobierno, que asegura desconocer este proceso judicial, como ha explicado el alcalde.
El Ayuntamiento sospecha que la sentencia podría ser peor aún porque con las costas del proceso judicial la cantidad podría ascender hasta unos 15 millones de euros. La primera reacción ha sido plantear un recurso de nulidad al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que argumenta que el citado juzgado sevillano no tiene competencias en un municipio gaditano.
En todo caso la sentencia ha supuesto un durísimo varapalo para el Ayuntamiento, que viene poniendo pie en pared durante los últimos cuatro años para pagar deudas a través de los fondos de ordenación del Estado y reunificando deudas en este sentido para asumirlas en mejores condiciones financieras.
Para Gambín, “no es solo una mala noticia para el Ayuntamiento, sino para el municipio”, para admitir que a priori se ha presentado “una situación muy complicada”.
El origen de esta sentencia podría encontrarse en el Plan General de Ordenación Urbana vigente en Arcos desde 1995, al contemplar como apto para la construcción los terrenos de la barriada Pueblos Blancos. A día de hoy, gran número de viviendas de la zona permanecen cerradas a cal y canto, esperando un comprador que no llega o con defectos constructivos debido al movimiento de terrenos. El alcalde recibió la sentencia el pasado viernes 15 de noviembre, pero insiste en que todos estos años no ha tenido conocimiento del pleito de la empresa. Isidoro Gambín quiere entender que cuando se construyó la barriada Pueblos Blancos existían los pertinentes informes técnicos y jurídicos que avalaran el proyecto.
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