Los exdelegados Manuel Erdozain (Ai-Pro), Carlos de la Barrera (PP) y Sebastián Ruiz (PP) han sido condenados a dos años de prisión y a once de inhabilitación por el juzgado de lo penal de Jerez tras haber cometido un delito de cohecho y prevaricación. Idéntica condena sufre el exinterventor municipal Antonio Muñoz.
Los hechos que han dado pie a esta sentencia sin parangón alguno en la política de Arcos se produjeron en el mandato 2011-2015, cuando el entonces interventor accidental emitió un informe desaconsejando inversiones al equipo de Gobierno PP-Ai-Pro y que, al poco, fue cambiado para permitir las operaciones que le demandaba al funcionario el ejecutivo.
Por medio, el Ayuntamiento contrató a la hija del interventor sin ningún tipo de procedimiento legal, supuestamente como pago de favores. El destino de ese contrato era el centro ocupacional Juan Candil, un servicio retirado del centro urbano que se encuentra junto al pinar de la Plata.
Este caso se ha juzgado como una pieza aparte del proceso que comenzará en breve también por supuesto enchufismo laboral en el Ayuntamiento, aunque en este caso se sentarán en el banquillo doce de los catorce concejales del equipo de Gobierno de la época -incluyendo al alcalde-, entre los que se encuentran los tres ediles ahora condenados.
El testimonio en fases anteriores del proceso de la exdelegada de Ai-Pro por Jédula, Petri Macías, fue al parecer clave para llegar a este punto, en el que el fiscal encontró indicios suficientes como para iniciar un proceso judicial aparte.
Todo apunta a que los citados exdelegados municipales y el exinterventor Antonio Muñoz no ingresarán en prisión al no tener supuestamente antecedentes penales. Su inhabilitación sería para cargo público, por lo que sí podrían seguir trabajando para la Administración pero sin cargo institucional.
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