El próximo lunes, a las 19.00 horas, tendrá lugar el pleno extraordinario en el que el Defensor de la Ciudadanía, Pepe Salas, presentará su memoria oficial del año 2018, un documento cuyo conocimiento despierta las lógicas expectativas porque en cierto modo recoge las principales quejas de los ciudadanos de Arcos respecto a su relación con el Ayuntamiento. A partir de la celebración del pleno, el documento será ‘colgado’ teóricamente en la web municipal y enviado en formato libreto a los distintos grupos municipales y a los colectivos locales.
Aunque el documento memorístico no sido publicado aún, sí que recoge situaciones, una vez más, relacionadas con las molestias que ocasionan a la población determinados negocios y acontecimientos públicos que no respetan las leyes sobre contaminación acústica.
La memoria también registra las principales actuaciones llevadas a cabo por la oficina del defensor a lo largo del pasado año, entre las que cabía destacar los pasos para la liberación de vías pecuarias y caminos públicos que han sido usurpados estos años, en ocasiones con el consentimiento de la administración, explica Pepe Salas en alusión, por ejemplo, al camino de La Morla, ocupado por la propia Junta de Andalucía.
Salas cita además la repercusión de los desplazamientos de la ladera oeste sobre determinadas zonas del centro urbano y cómo, a este respecto, numerosas viviendas sufren los efectos del hundimiento del terreno y la rotura de tuberías subterráneas. Esta amplia zona abarca, recuerda el Defensor, desde la Cuesta Noriega hasta El Retiro, y todo apunta a que el problema urbanístico persistirá.
Hay otro asunto como novedad respecto al informe predecesor: la escolarización de niños de tres a cinco años de la zona alta de la ciudad que están matriculados en El Santiscal y Riofrío; es decir, en colegios muy alejados de sus viviendas con lo que ello supone de esfuerzo extraordinario para sus familias. En concreto, se da un caso de una menor de la calle Sol que no asiste a clase en el CEIP Riofrío, cuya situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por partidos políticos y el propio Defensor. Salas alude al necesario cumplimiento de la Ley, que obliga a que los menores sean escolarizados en los centros más próximos a sus hogares. El Defensor sostiene que, además, no se cumple la Ley respecto a los emigrantes retornados, un perfil que coincide con estos casos de falta de escolarización.
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