La asociación AMA Natura-Ecologistas en Acción ha denunciado públicamente por enésima vez el presunto incumplimiento de la propia Junta de Andalucía de las leyes autonómica, nacional y europea sobre el deslinde de vías pecuarias. El caso más flagrante en el término de Arcos es la ocupación de la vía conocida y clasificada como Postuero-Cañuelo, habilitada en los años cincuenta del pasado siglo como un camino de servidumbre hacia el manantial de la zona que abastece a la población de Arcos.
Concretamente, en 1959 el Estado publicó la orden que reflejaba el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Agricultura de la época. Décadas más tarde, el camino permanece cerrado por una cancela que instaló la Consejería de Medio Ambiente sin pedir permiso de obras al Ayuntamiento, como tampoco lo solicitó para las obras de reforma acometidas en la casa cortijo de La Morla que ha acabado cediendo a los boys scouts; es decir, la finca pública por donde discurre la citada vía pecuaria. En 2011, el delegado municipal de Medio Ambiente, entonces Pedro Mayo, solicitó a la Junta la apertura del camino, como también desde 2016 viene haciendo lo propio AMA Natura-Ecologistas en Acción, pero la administración autonómica no se pronuncia. Tras la solicitud a la Junta también se encuentran varios particulares, entre ellos el vecino José María García, quien logró no hace mucho que se abriera la cañada real Arcos-Ronda, ocupada en este caso legalmente por una explotación minera. Sin embargo, los ecologistas citan la apertura de esta vía como un ejemplo a seguir, ya que se dio un acuerdo entre la administración y la empresa afectada. Pero, insisten, no es el caso de la vía pecuaria Postuero-Cañuelo.
El presidente de AMA Natura, Ángel Roldán, tras citar todos los fundamentos legales posibles, tanto de índole autonómica como estatal y europea que vienen a proteger las vías pecuarias como espacios público para usos como el ganadero, deportivo o recreativo, se cuestiona cómo la administración puede violar sus propias leyes. Es más, carga las tintas sobre el Ayuntamiento de Arcos por no haber defendido supuestamente la legalidad en este asunto, al permitir obras sin licencia y el cierre de un camino cuya apertura genera al fin y al cabo un beneficio a la población en todos los sentidos –está demostrado que la actividad deportiva en estos espacios genera economía y otros parabienes-.
Efectivamente, en su día la Junta deslindó la finca La Morla, pero sin tener en cuenta la existencia de una legendaria vía pecuaria que en parte ha sido ocupada por un coto de caza ilegal a todas luces del que se habrían beneficiado un antiguo guarda de la zona y otras personas. Y todo ello, señalan los ecologistas, con el consentimiento tanto de la Junta como del Ayuntamiento.
La vía pecuaria Postuero-Cañuelo consta de 8.800 metros de longitud. Está clasificada como la vía número 31. Su existencia como tal está registrada en la documentación del Estado. La oficina del Defensor de la Ciudadanía de Arcos emitió recientemente un expediente de oficio instando al Ayuntamiento a emprender las gestiones para que la Junta la devolviera al uso público. Hace tan solo unas semanas tuvo lugar una reunión ‘in situ’ en la vía pecuaria, pero, según los ecologistas, los técnicos de la Junta se burlaron tanto del defensor como de algunos vecinos en presencia de las primeras autoridades municipales que no habrían hecho nada al respecto, señalaba Roldán Durán.
En conclusión, AMA Natura persistirá para que el camino sea abierto cuanto antes y recuerda a los gobiernos autonómico y local que las leyes están para cumplirlas y para defender los intereses de quienes votan a sus representantes y les pagan sus salarios del erario público.
Un dato demoledor: el Gobierno europeo de Bruselas pedirá a la Junta de Andalucía explicaciones de por qué sólo se ha deslindado 150 kilómetros de vías pecuarias en la comunidad de los 23.000 acordados. O, dicho de otro modo, dónde ha ido a parar el dinero comunitario para este fin.
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