La oficina del Defensor de la Ciudadanía de Arcos ha elevado un expediente de oficio sobre el presunto caso de privación de derecho de paso en una vía pecuaria por la misma Junta de Andalucía, lo cual reviste un posible serio caso de incumplimiento de la Ley por parte de quien la promulga.
El expediente, que está documentado con profusión de datos de todo tipo, se sustenta en los hechos consolidados que tuvieron lugar en 2009, cuando la Junta adquirió la finca de La Morla tras el proceso de embargo que sufrió su propietario por impago. La Consejería de Medio Ambiente se quedó con los terrenos para seguidamente proceder con el deslinde de la finca que atraviesa los terrenos, sin tener en cuenta la existencia de una vía pecuaria. A partir de ahí, varios ciudadanos y el propio Ayuntamiento de Arcos alegaron a este proceso, pero la Consejería no aceptó las alegaciones.
La llamada cañada Postuero-Cañuelo se incorporó a la finca La Morla, con la sorpresa de que la Junta no llegó a abrir la vía pecuaria pese a tratarse de un espacio de dominio público para el paso del ganado y de senderistas.
Tras la ardua investigación emprendida por la oficina del Defensor Pepe Salas, se ha abierto expediente de oficio por estos hechos, para que ahora sea el Ayuntamiento el que reclame la apertura de la mencionada vía pecuaria -actualmente catalogada como vereda-. El propio Defensor entiende que el Ayuntamiento se ha implicado en este tema y todo apunta a que hará valer su demanda a la Junta de Andalucía. No obstante, el Defensor estará atento a los pasos que en este sentido se den desde la administración local. El informe de Pepe Salas aconseja que la vía pecuaria donde la Junta interrumpió presumiblemente el derecho de paso quede restituida para su uso público, lo cual se trasladará desde el Ayuntamiento a la Delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
En caso de que la Delegación no acceda a la petición de apertura, se dejaría en manos del Pleno de concejales la decisión de tomar posibles medidas legales contra la Consejería de Medio Ambiente.
El motivo de que la oficina del Defensor de la Ciudadanía haya abierto expediente de oficio por este asunto es su afección sobre la generalidad de una población, aunque ha sido un particular el que no ha cejado en su empeño desde 2009 para que la vía pecuaria volviera a su uso público.
Esta situación fue denunciada, además, hace unos meses por la asociación AMA Natura-Ecologistas en Acción.
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