La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado de nuevo en favor del exalcalde José Luis Núñez y exdelegados municipales Manuel Erdozain, Francisco Muñoz y Carlos de la Barrera, así como del entonces encargado del servicio de Parques y Jardines, Luis Moya, en el caso originado por la utilización fraudulenta y con fines particulares de los vales de gasolina que expedía el Ayuntamiento y que acabó en un caso de supuesto acoso laboral. El trabajador municipal Segundo Orellana puso estos hechos en conocimiento del equipo de Gobierno formado por los partidos PP y Ai-Pro, pero dio pie a una serie de acciones ante la Justicia que tuvieron una primera sentencia en los juzgados jerezanos. El último fallo desestima el recurso de suplicación interpuesto por Orellana contra la sentencia dictada en el Juzgado de lo Social número tres de Jerez.
En el documento se refleja que en abril de 2014, el PSOE, entonces en la oposición, presentó denuncia en el Ayuntamiento, donde se abrió una investigación interna sobre el uso fraudulento de los vales de gasolina, realizando toma de declaración a los trabajadores de Parques y Jardines y concluyendo el Ayuntamiento con la decisión de abrir expediente disciplinario.
A partir de ahí, estos hechos desencadenaron otros: Manuel Erdozain interpuso denuncia ante la Guardia Civil por la grabación y difusión de las conversaciones mantenidas con los trabajadores como consecuencia de tener conocimiento del uso de los vales. Las diligencias fueron sobreseidas y archivadas. El trabajador Segundo Orellana interpuso denuncia por acoso laboral en el Ayuntamiento. Se le abrió un expediente disciplinario por la grabación y difusión de las conversaciones. El trabajador se dio de baja por “trastorno mixto ansioso depresivo”.
En su esencia, el fallo entiende que no se produjo acoso y abuso contra el trabajador Segundo Orellana por parte de los actores del anterior equipo de Gobierno, al margen de que quedara probado en su día el uso fraudulento de los vales de gasolina como práctica en el Ayuntamiento. De hecho, señala que “no puede apreciarse que ninguno de los codemandados haya incurrido en conductas que puedan considerarse atentatorias a la dignidad del trabajador y por consiguiente del acoso laboral denunciado”.
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