La Junta de Andalucía no ha hecho "los deberes" en términos de estabilidad económica todo lo bien que el Gobierno andaluz presume. La administración autonómica andaluza superó en 2017 casi en un 50% el límite impuesto por la regla de gasto, según un reciente informe de la Intervención General del Estado. Es decir, que si la tasa de referencia estaba en el 2,1% para las comunidades autónomas, Andalucía se gastó el 3,1%. En euros, unos doscientos millones más de los debidos.
La regla de gasto es una de las tres reglas fiscales de obligado cumplimiento para las administraciones públicas para garantizar la estabilidad presupuestaria. Ésta obliga a todas las administraciones públicas, cuyo gasto no puede crecer por encima de lo que suba el PIB a medio plazo, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y la financiación del gasto con los ingresos estables con que se cuenta. Sólo hay dos excepciones, las pensiones y las prestaciones por desempleo.
La Junta de Andalucía se escuda en que ha cumplido con las otras dos reglas, el objetivo de déficit (con el -0,41% del PIB en 2017, cuando el límite se fijó en el -0,6%) y el objetivo de deuda (22% del PIB, con un tope fijado en el 22,2%), y en que son 13, de 17, las comunidades autónomas que han superado la tasa de la regla de gasto del 2,1%, y que en el caso de Madrid y Castilla y León, ésta llegó hasta el 4,7% y el 5,1%, respectivamente, según indicaron a este periódico fuentes oficiales de la Consejería de Economía y Hacienda.
La Junta explica "la desviación" de la regla de gasto en el "comportamiento de las ayudas de los fondos europeos, cuyo gasto asociado no se considera a efectos de gasto computable", según estas fuentes.
En 2017, la Junta adelantó con recursos propios la financiación de proyectos que serán certificados en ejercicios posteriores. "Este adelanto de la financiación se considera como un mayor gasto computable de 2017, al tiempo que se descontará del gasto computable del ejercicio en el que se certifique", indicaron las fuentes.
La ministra María Jesús Montero, consejera andaluza de Hacienda hasta el pasado verano, atribuyó este lunes a los "pasivos contingentes" el exceso de gasto, lo que corrobora, según fuentes del Ministerio, la explicación de la Junta.
El Gobierno andaluz ha planteado esta situación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde, según las fuentes consultadas, "se ha planteado la necesidad de su revisión en profundidad". La Junta propondrá que la gestión de los fondos de la Unión Europea tenga un tratamiento que permita resolver estas incidencias temporales.
Plan Económico Financiero
La Junta dispone de un mes de plazo, que coincidirá con la campaña electoral, para presentar ante el Ministerio de Hacienda un Plan Económico Financiero (PEF) con medidas de ajuste para enjugar los alrededor de 200 millones de euros que ha supuesto en gasto público exceder la regla de gasto.
La Consejería de Economía y Hacienda se encuentra en estos momentos estudiando las posibles medidas que se incluirán en dicho Plan Económico Financiero, si bien aclara que el mismo "no supone que haya que hacer ningún recorte, ya que no hay que volver a la situación anterior al incumplimiento de la regla de gasto".
"El Ministerio de Hacienda nos pide una Plan Económico Financiero para 2018 y 2019 en el que no contemplamos que se vuelva a dar la situación de impacto de los fondos europeos", señalan fuentes de la Consejería.
Fuentes del Ministerio, por su parte, indicaron que el Plan Económico Financiero no implica tampoco medidas de recorte presupuestario, sino que debe "recoger cómo se va a corregir ese incumplimiento para el ejercicio siguiente, esto es, las medidas que se van a tomar para evitar que se vuelva a producir".
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