La delegada del Estado, Victoria Rodríguez, anuncia que va a encargar una serie de medidas en materia laboral para detectar posibles irregularidades y ordenar y optimizar los recursos humanos de la Zona Franca con el fin de mejorar su operatividad, una vez que durante sus primeros días al frente del Consorcio ha podido conocer el organigrama de la Institución y que éste, a primera vista, presentara diversas anomalías.
Por ello, encargó asesoramiento jurídico,tras el que se determinó la necesidad de llevar a cabo una auditoría laboral para estabilizar la situación de la plantilla. Además, otra de las medidas va a consistir en la elaboración de una “Relación de Puestos de Trabajo” (RPT) que elimine posibles arbitrariedades y dé confianza a los empleados del Consorcio.
Cabe destacar que la Zona Franca nunca ha contado con una RPT pese a que esta es una herramienta indispensable y obligatoria para la gestión de los recursos humanos de cualquier institución pública. En esta línea, para Rodríguez esta relación de puestos de trabajo se va a realizar para dar transparencia, tranquilidad y confianza a la plantilla.
“El objetivo es mejorar en motivación, sacar todo el partido al talento de los empleados, generar buenos equipos de trabajo. En definitiva, siempre siguiendo criterios objetivos optimizar el potencial de cada trabajador para que dé lo mejor de sí en un clima de trabajo favorable y así, con el empuje de todos, Zona Franca vuelva a recuperar el impulso a favor del desarrollo de la provincia”.
“La Zona Franca tiene por delante retos apasionantes como el desarrollo del recinto exterior o la participación en el nuevo proyecto Aletas y su plantilla, su verdadero motor, debe estar al 100%, motivada y dirigida por directivos que sean los primeros que den ejemplo al resto de trabajadores”, recalca la delegada.
En paralelo y en la misma línea de establecer criterios objetivos para definir los derechos y deberes de la plantilla, la delegada indica en el comunicado que tiene también el objetivo de abrir una negociación del convenio colectivo, que no se actualiza desde 2013.
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