La crisis ha traído consigo que numerosas familias no puedan afrontar los gastos de los suministros básicos, lo cual a estas alturas no es un secreto. Sin embargo, en Arcos se está dando una situación excepcional con una serie de familias que, viviendo en inmuebles fuera de ordenación urbana, no pueden acceder a suministros como energía eléctrica y agua potable, siendo el principal motivo que estas instalaciones serían ilegales.
Se da la circunstancia de que estas familias no pueden acceder a otro inmueble para vivir porque no tienen recursos económicos para ello.
El Ayuntamiento de Arcos ha iniciado una nueva ronda de contactos con propietarios de viviendas irregulares, comenzando con pequeños grupos de afectados -solo en Arcos se estima que existe alrededor de 2.000 viviendas fuera de ordenación- al objeto de exponer una vez más la situación legal de sus inmuebles y parcelaciones.
El delegado municipal de Urbanismo, Manuel Garrucho, considera que el trabajo de la Junta de Andalucía ha sido positivo desde la aparición del decreto que ha aportado herramientas para ir solucionando la situación de miles de viviendas irregulares en toda la comunidad, pero también entiende que se ha creado el problema de falta de acceso a suministros básicos también a miles de familias.
Garrucho espera que el Estado y la comunidad aporten soluciones, pero admite que el Ayuntamiento es la primera institución en dar la cara a los vecinos que sufren estas necesidades. En el caso concreto de la petición que han realizado, al parecer, vecinos propietarios de viviendas irregulares próximas a Fuente del Río, Garrucho señala que parece imposible dotar a la zona de luz eléctrica, aunque en su día le fue conectada la red de suministro de agua potable de forma casi inexplicable, ya que su situación, como hoy día, está fuera de la legalidad urbanística.
Este medio ha sabido que un grupo de vecinos de la citada zona estaría incluso recopilando firmas con el propósito de forzar el suministro eléctrico, pero a priori ni compañía ni Ayuntamiento estarían dispuestos a asumir tan arriesgado papel desde el punto de vista legal. No obstante, también existen núcleos rurales que gozan de conexión eléctrica a pesar de su carácter irregular, lo cual se habría acometido hace años, incluso décadas, con el coste de los trabajos recayendo sobre los beneficiarios.
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