La exalcaldesa de Arcos, Pepa Caro, y seis de sus concejales prestaron el martes declaración en el juzgado de lo Penal número uno de Jerez por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Así se celebró el juicio por unos hechos que tienen por escenario la avenida Padre Salesianos, cuya urbanización corrió a cargo de la Junta de Andalucía tras la cesión de suelo que realizaron algunos vecinos colindantes.
El anterior equipo de Gobierno PP-Ai-Pro interpuso la denuncia, planteada como querella criminal, al considerar que se produjeron posibles irregularidades al prometerse presuntamente a los vecinos la emisión licencias para que pudieran conectar sus parcelas en suelo no urbanizable a las redes de agua y electricidad; acusación que negó al parecer la exalcaldesa durante su declaración. De hecho, según ha trascendido, se concedieron hasta ocho licencias de ocupación.
La Junta de Andalucía construyó en el año 2010 un vial en la zona que se ha convertido en un práctico acceso al Barrio Bajo, además de una circunvalación que ciertamente ha mejorado las condiciones de la circulación en todo el barrio. A cambio de la cesión de suelo por parte de los vecinos, el Ayuntamiento se comprometió a ejecutar unas tareas de cerramiento en las parcelas afectadas por las obras y a dejar listas las acometidas de agua y luz para una posible futura conexión.
Junto a Caro, se han sentado en el banquillo los exconcejales Joaquín Macías, Francisca Morales, Rafael Barrios, Fernando Mancheño, Benito Huertas y Genoveva Medina. Sin embargo, no han sido juzgados, como cabía de esperar, por los delitos de malversación de fondos y prevaricación. El primero era el delegado municipal de Urbanismo de la época y, al parecer, ha admitido un posible error administrativo o de redacción respecto a la concesión de licencias.
El Ministerio Fiscal habría desaprobado la actuación del equipo de Gobierno respecto a los parcelistas, que también acudieron al juicio como testigos, al entender que no tenían derecho a esos servicios al encontrarse en suelo no urbanizable. No obstante, a día de hoy esos servicios no se prestan, por lo que el presunto delito no se habría consumado.
Posteriormente, ya con el relevo del gobierno PP-Ai-Pro, éste recepcionó la obra, curiosamente, sin poner pega alguna.
Este medio ha intentado en reiteradas ocasiones ofrece el testimonio de los acusados, pero estos se han negado hasta el momento a la espera de una resolución judicial; es decir, prefieren mostrarse cautos, no hacer declaraciones y aguardar la sentencia.
Curiosamente, desde Ai-Pro no se deseaba esta semana ningún mal a la exalcaldesa y a su equipo de Gobierno, simplemente que se arrojara luz sobre un asunto urbanístico que, pese a las bondades que ha dado a los vecinos del Barrio Bajo al creárseles un cómodo y funcional acceso, tiene un lado oscuro. Declaraciones que realizó el concejal Leopoldo Pérez, en el gobierno municipal entre los años 2011 y 2015 y persona que teóricamente formó parte del equipo denunciante.
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