El Pleno de concejales está llamado el próximo lunes a aprobar definitivamente el proceso de regularización de viviendas en suelo no urbanizable, el cual viene precedido de un importantísimo trabajo de documentación y técnico por parte de la Delegación municipal de Urbanismo.
Este proceso afectará en su conjunto a 2.800 viviendas, pero en una primera fase a 1.800, es decir, a un 65 por ciento de viviendas en suelo no urbanizable.
Este porcentaje se corresponde con inmuebles que no afectan ni a la cuenca visual ni a zonas especialmente protegidas dentro del término municipal, aunque se encuentren hasta ahora consideradas fuera de ordenación. Ya para una segunda y tercera fase, que encontrarán una salida legal a través del próximo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), entrarían en liza las viviendas consideradas como asentamientos urbanísticos -existen cinco como tal- y las viviendas en hábitat rural deshabitado. Estas fases supondrían un total de 800 (29 por ciento) y 173 (6 por ciento) respectivamente. Las dos últimas fases comportan un proceso de regularización más lento, como admite la propia Delegación.
Urbanismo ha dejado bien claro que cualquier nueva vivienda que se pueda construir en suelo no urbanizable no formará parte del proceso de regularización, con lo cual estaría condenada de por vida a una situación de ilegalidad con el consiguiente riesgo de graves sanciones.
La tasa por regularización de viviendas se sitúa en el seis por ciento. Ello significa que cada afectado pagaría alrededor de 3.000 ó 3.500 euros por 80 metros cuadrados de superficie construida; una tasa equiparable con la del resto de municipios que han aplicado un proceso semejante y que se aleja, según Urbanismo, de los datos que maneja la oposición “con el fin de meter miedo a los afectados”. Además, el Ayuntamiento daría facilidades de pago, para que las familias puedan pagar, por ejemplo, de manera fraccionada.
El Gobierno municipal se ha comprometido a habilitar a partir de ahora una oficina dentro del Ayuntamiento para atender nuevamente las dudas que puedan surgir entre los propietarios afectados.
El titular de la Delegación, Manuel Erdozain, ha dejado claro que las sanciones serán muy duras contra aquellos infractores de las normas urbanísticas, como también queda prohibido a partir de ahora tajantemente llevar a cabo parcelaciones o divisiones de un mismo terreno en suelo no urbanizable.
Erdozain dejó constancia de que todo este proceso, también de la mano del decreto de la Junta de Andalucía, era un compromiso que ha expuso en su época en la oposición y que ha logrado materializar en el presente mandato ya en el Gobierno municipal.
El también primer teniente de Alcalde da por abierto el proceso de regularización de viviendas hasta prácticamente agotar el mandato, es decir, hasta la primavera o verano de 2015.
Por otro lado, Erdozain quiso avanzar que a lo largo de este mes podría ver la luz el tan esperado nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); un documento que marcará el futuro urbanístico y la expansión del municipio, “pero que, sin embargo, no es el plan de un delegado o de un gobierno, sino de todos los arcenses”, como explicó Erdozain, quien añadiría que desde un principio se ha aplicado un proceso abierto y participativo en torno al PGOU.
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