La Junta de Andalucía adeuda más de 3,6 millones de euros a 15 ayuntamientos de la provincia en concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES). La deuda se refiere en concreto a presas y embalses cuya titularidad corresponde a la Agencia Andaluza del Agua. Entre esos embalses está el de Arcos, que adeuda el segundo semestre de 2011 en concepto de IBI especial.
Todos los recibos impagados son del año 2011 -en el que se acumula un importe pendiente cercano a los 1,7 millones- y todo el ejercicio 2012, del que se adeudan casi dos millones. La magnitud de la deuda justifica el envío de una carta del presidente de Diputación, José Loaiza, al titular de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, en la que reclama el abono de sus obligaciones tributarias con los municipios.
La carta es un medio institucional al no fructificar los procedimientos ordinarios incoados por el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, organismo que tiene encomendada la gestión tributaria por parte de casi todos los ayuntamientos gaditanos. Loaiza lamenta que ayuntamientos con graves problemas para pagar sus nóminas sufran este impago. En su opinión, los perjuicios causados a las haciendas locales contrastan con la vocación “municipalista” que se atribuyen Griñán y Martínez Aguayo.
El presidente de la Diputación provincial de Cádiz estima que este tipo de situaciones legitima la necesidad de una reforma de la administración pública. Pero, mientras no se resuelva el nuevo mapa de las competencias, “la Junta tiene que cumplir sus compromisos y no asfixiar a los municipios”.