La candidata socialista por la provincia al Parlamento andaluz, Irene García, acompañada de las también candidatas Noelia Ruiz y Saray Soria, además de la secretaria provincial de Organización, Ana Carrera, ha mantenido un encuentro con representantes del colectivo de mujeres afectadas por el decreto de la Junta de Andalucía que deja en la calle a 64 trabajadoras de la Agencia Andaluza de la Dependencia. Un organismo que la candidata considera “solvente, necesario y viable” y en el que cree que se está produciendo “un ERE encubierto” con un decreto, a su juicio, “que esconde el cambio de modelo que quiere llevar a cabo el Partido Popular”.
Así, la candidata ha pedido claridad al PP, al tiempo que le ha exigido “la paralización inmediata del decreto de estabilización” que -sostiene García- “tiene una doble consecuencia: la primera, la destrucción del empleo público frente a la necesidad de garantizar este servicio en nuestra tierra y que tenga todas y cada una de las condiciones; y, en segundo lugar, porque estamos convencidas de que también hay una doble victimización, puesto que muchos de los que se han quedado fuera proceden de excedencia forzosa por cuidado de personas mayores y menores, una actividad que desarrollan mujeres fundamentalmente”.
García entiende que “con el superávit del que presumen en la Junta, no falta financiación, sino voluntad, y además se está devolviendo dinero al Gobierno de España”, por lo que insiste en esa paralización además de trasladar al colectivo que tiene su compromiso de arbitrar también tanto medidas administrativas como jurídicas que estén de su mano para garantizar que “no se quede ninguna de estas trabajadoras en la calle, fuera de la Agencia después de llevar entre doce y catorce años desarrollando su responsabilidad en la misma”. García ha sido explícita al subrayar que “no vamos a permitir que detrás de este ERE encubierto haya una privatización más de un servicio público aumentando la brecha de desigualdad dentro de este sector”.
En representación del colectivo, María Alfaro ha expuesto que “64 trabajadoras vamos a la calle sin necesidad ni motivo porque quieren suprimir unas plazas que están presupuestadas y están siendo ocupadas actualmente”. “Este Gobierno quiere suprimir esas plazas y dejarlas en la calle, y no hay una excusa mínimamente válida porque la decisión afecta a miles de expedientes de personas que necesitan acudir a los servicios de dependencia”, ha manifestado en defensa de su trabajo.
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