Fiel a su cita con el Pleno municipal, el Defensor de la Ciudadanía de Arcos, Pepe Salas, expuso la memoria de 2021 de su oficina, en la que da cuenta de los expedientes tramitados tras las quejas de los ciudadanos frente a las administraciones públicas. Sin embargo, esta vez quiso comenzar relatando la trascendencia de la reciente modificación de los estatutos de la propia oficina, que vienen a prolongar el periodo de permanencia de la propia oficina más allá de cuatro años si así lo estima la Corporación municipal y, además, da luz verde al próximo nombramiento de un adjunto al cargo propuesto por el mismo Defensor, con lo cual el puesto no quedaría vacío en caso de la ausencia circunstancial del titular.
Este cambio estatutario ha provocado el retraso en la presentación de la memoria, lo cual no es óbice para que el documento vuelva a recoger las principales inquietudes de la población, entre ellas la existencia de tremendas dificultades para los ciudadanos en cuanto a las barreras arquitectónicas. Todavía existen acerados invadidos por postes que no permite el tránsito de personas con movilidad reducida. Además, hace de nuevo hincapié en las consecuencias de los ruidos en la vía pública y de la usurpación de caminos públicos, entre un largo rosario de expedientes.
Salas señala que las quejas derivadas de la calidad del agua no tienen apenas reflejo en el documento porque el problema se ha producido sobre todo este año, y por tanto no tendrá ese reflejo hasta cerrado 2022, lo cual no significa que la oficina del Defensor sienta gran preocupación por este asunto que tiene en vilo a la población.
Algunas de esas quejas salen del ámbito municipal para afectar a otras administraciones públicas, lo cual requiere normalmente complicados trámites burocráticos, procesos de peritaje, informes técnicos y otras gestiones.
Durante su exposición, situó el valor de las oficinas del Defensor a nivel europeo, nacional, regional y local en el contexto democrático y como prueba inequívoca de la defensa de los derechos humanos, recurriendo en este sentido a la legislación comunitaria.
Pepe Salas ha vuelto a defender el valor de la institución que representa por su atención al ciudadano, que en muchas ocasiones no dispone de medios propios para emprender un proceso judicial. Su grado de eficacia queda patente, como indica su memoria, pues en 2021 se atendieron 73 expedientes; 16 de ellos admitidos y 57 no por no tratarse de una competencia del Defensor. Diez de ellos se han cerrado y resuelto, seis están pendientes de resolución y diez no fueron contestados a fecha de 31 de diciembre pasado.
Salas hace hincapié en que su oficina ha tenido un gasto de 670 euros durante un año, amén de los medios que aporta el Ayuntamiento para el mantenimiento de la oficina, con lo cual deja constancia de nulo afán de lucro que mueve su actividad.Su gran deseo y objetivo es la conservación en el tiempo de la oficina.
Por su parte, el alcalde de la ciudad, Isidoro Gambín, ha vuelto a enaltecer el papel del Defensor de la Ciudadanía en ese contexto democrático, recordando en esta dirección cómo esta figura nació con un gobierno socialista que ha facilitado el mantenimiento de la institución. Gambín diría que la gestión del Defensor ha sido “muy positiva” porque ha ayudado a resolver numerosas situaciones de los ciudadanos de Arcos. Asimismo, afirmaba que cuando se trata de competencias del Ayuntamiento se suele responder o contestar con diligencia a la oficina del Defensor. No obstante, admite que se producen situaciones difíciles cuando afectan a las relaciones con otras administraciones. “Quiero valorar la capacidad de trabajo del Defensor, que a pesar de su circunstancia sigue dando la cara por los ciudadanos de Arcos, así como de su secretaria”.
La memoria refleja explícitamente, además, un agradecimiento a este periódico y a su director por su labor informativa y de colaboración con la institución.
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