Los mismos que se rompen la camisa -escandalizados- porque se pone en marcha una muy controlada proposición de ley de la eutanasia no han puesto el grito en el cielo por un mal terrible que ha asolado a España en esta pandemia, como es la situación de las residencias para personas mayores y las muertes allí producidas. La ley de la eutanasia afrontará, en este su tercer intento, avalada por la petición de un millón de firmas, la solución a esta demanda. Contará con estrictos controles bioéticos y médicos para ponderar convenientemente los sufrimientos indecibles o la pérdida absoluta de la personalidad del paciente que la solicita. El sufrimiento, debido a una enfermedad o padecimiento incurable, puede afectar a la integridad física, moral o a la dignidad de la persona. Cuando alguien experimenta ese sufrimiento inaceptable, que no ha podido ser mitigado por otros medios, o una enfermedad grave e incurable, croÌnica e invalidante, causante de un sufrimiento fíÌsico o psiÌquico intolerables la ley permitirá que se pueda recurrir a la eutanasia.
Durante los primeros meses de la pandemia la situación de los mayores en las residencias dio lugar a un panorama desolador, lacerante, deprimente y socialmente injusto. Ha sido el episodio más trágico de la larga lista de tragedias que ha deparado el covid-19. No han existido, sin embargo, movimientos humanitaristas potentes que hayan lanzado campañas con peticiones presupuestarias y políticas para acabar con esta situación. Sí han salido documentados reportajes periodísticos en los que se daba el detalle de los grandes grupos empresariales y fondos internacionales que son propietarios de centros donde han muerto más de 20.000 residentes, es decir, el 67% de los fallecidos por el covid-19, que lo han sido en las residencias de mayores.
La misma hipocresía se puede decir de las ayudas a la dependencia. Ayudas recortadas, demoras eternas en su tramitación, listas de espera de decenas de miles para ser evaluados, insuficiencia en la dotacioÌn de medios personales y materiales y una asignacioÌn presupuestaria insuficiente que año tras año denuncian los defensores del pueblo español y andaluz.
Si de verdad preocupa el bienestar de las personas habría que preocuparse de los que viven y quieren seguir viviendo en condiciones aceptables. Ese es el reto. Más atención a la dependencia y al cuidado residencial y menos aspavientos con la eutanasia.
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