El año se estrenaba con el impacto de la aparición el día de Nochevieja del cadáver de Diana Quer. Tres meses después y tras trece días de angustiosa búsqueda, el asesinato del niño Gabriel Cruz, despertó una ola de empatía y solidaridad, pero también el morbo y el sensacionalismo, y reabrió el debate sobre la prisión permanente.
Fue el 11 de marzo cuando la Guardia Civil halló el cadáver de Gabriel, de ocho años, en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, la pareja del padre del niño, desaparecido el 27 de febrero a las puertas de la casa de su abuela en Las Hortichuelas (Níjar, Almería).
El hallazgo de su cuerpo ponía fin a trece jornadas de intensa búsqueda desde el camino de tierra que unía la casa de su abuela con la de unos primos hasta varios kilómetros a la redonda, con el convencimiento de que el pequeño por su cuenta no se había ido a ningún sitio.
Más de 1.400 efectivos de distintos cuerpos policiales y alrededor de 2.500 voluntarios rastrearon pozos, cuevas, cortijos abandonados y zonas inhabitadas en un extenso perímetro, mientras toda España compartía la desesperación de unos padres, Patricia y Andrés, deshechos de dolor a cada día que pasaba sin noticias de su hijo.
Casi dos semanas en las que la angustia se simbolizó en forma de "pescaito", en recuerdo a la pasión del niño por el mar, mientras los medios de comunicación, especialmente las televisiones, dedicaban horas de "sensacionalismo extremo" al caso, tal y como concluyó el Consejo Audiovisual de Andalucía tras examinar 70 horas de contenidos.
Aunque en un primer momento la investigación parecía apuntar a un vecino de Antas (Almería), detenido dos días después de la desaparición por incumplir una orden de alejamiento respecto a la madre de Gabriel, la aparición de una camiseta del niño ponía el foco sobre la novia del padre Ana Julia Quezada, ya que había sido ella misma la que la había encontrado pese a que esa zona ya había sido rastreada.
Ya como sospechosa a ojos de los investigadores, que pensaron hasta el final que el niño estaba vivo, la clave era que Quezada no se sintiera en la diana para evitar el desenlace que nunca pensaron que se había producido el mismo día de la desaparición.
La mañana del domingo 11 de marzo, los guardias civiles que componían la operación Nemo tuvieron el primer indicio de que Gabriel podía estar muerto. Poco antes de las dos de tarde, a 60 kilómetros de su casa en las Hortichuelas, los efectivos encontraban en la localidad de Vícar el cuerpo de Gabriel en el maletero de Quezada.
"Lo puedo definir como el momento más duro de nuestra carrera profesional. Lloramos, claro que sí, y el que no lo hizo allí, lo hizo luego", fueron las palabras del comandante de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Jesús Reina, al dar algunos detalles del crimen.
Un asesinato que recrudeció el debate político sobre la prisión permanente revisable, ya en discusión por el caso Diana Quer y la detención de su asesino a principios de año.
En solo un mes, el padre de Diana Quer, aliado con otros familiares de menores asesinados como Maria Luz Cortés o Marta del Castillo sumó más de dos millones de firmas con el objetivo de impedir que el Congreso derogara esta figura penal introducida en la reforma del Código Penal de 2015 con los votos de la mayoría absoluta del PP.
Recurrida ante el Tribunal Constitucional, todos los partidos, excepto Ciudadanos que propone una revisión, se han unido para eliminar esta figura, la máxima pena reservada para casos de extrema gravedad, al entender que es de dudosa legalidad, que no es idónea ni proporcional, que no fue demandada por nadie y que su aplicación "erosiona" los principios de reinserción de los encarcelados.
Unos argumentos que volvieron a exponerse en el Congreso cuatro días después del hallazgo del cuerpo de Gabriel Cruz, en un debate bronco y agrio en el que el nombre del niño y el dolor de otras víctimas fue utilizado por los partidos.
Ahora, a punto de concluir el año, el debate sobre la derogación de la prisión permanente revisable vuelve a estar en el congelador parlamentario mientras 2018 ha dejado cuatro nuevos condenados a esta pena, que se han unido al conocido como "Parricida de Moraña" que en julio de 2017 fue el primero en España.
Este año han sido condenados a prisión permanente revisable el hombre que asesinó a una bebé de 17 meses en 2016 en Vitoria, otro que mató a su hijo de 11 años en Oza-Cesuras (A Coruña) o un joven de 24 años que asesinó en Tenerife con ensañamiento al abuelo de su exnovia.
Junto a estos casos, la Audiencia Provincial de Guadalajara sentenció a tres condenas de prisión permanente a Patrick Nogueira que asesinó a sus tíos y sus primos de 1 y 4 años en su casa de Pioz (Guadalajara) en agosto de 2016.
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