La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a las universidades públicas de Andalucía para saber si están tomando medidas para facilitar el acceso de personas con discapacidad al ámbito profesional del personal docente e investigador y, en todo caso, hacer efectiva la reserva de un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes --tanto en acceso libre, como en promoción interna-- en la Oferta de Empleo Público de 2017.
Además, según el texto de esta queja, consultado por Europa Press, el Defensor pide a cada universidad el detalle de la estructura y composición de su plantilla docente e investigadora, tanto de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios como del personal docente investigador contratado en régimen laboral, incluyendo igualmente a profesores asociados y visitantes, con determinación del número de personas con discapacidad oficialmente reconocida que la integran, con el fin de ajustar sus plantillas a los mínimos determinados por la legislación vigente.
De este modo, la institución asegura que, desde su puesta en funcionamiento, ha sido especialmente sensible con las cuestiones que afectan al empleo público de las personas con discapacidad, lo que ha dado lugar a múltiples intervenciones durante estos años para promover la defensa y protección de los derechos de este sector de población especialmente vulnerable que se encuentra con serias dificultades para hacer efectivo los principios constitucionales de igualdad de oportunidades e integración social.
Igualmente, asegura que las previsiones normativas --obligatoriedad de que en las ofertas de empleo público se reserve un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre discapacitados-- han supuesto "un considerable avance para garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación" del personal docente e investigador con discapacidad de las universidades españolas, aunque "precisan de medidas de acción positiva adicionales para su efectividad".
En este sentido, apunta que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha instado a las universidades públicas españolas a hacer efectivos los mandatos legales, y que en el encuentro anual de coordinación que celebró el Defensor del Pueblo Andaluz con los defensores universitarios andaluces, el pasado 23 de marzo, se acordó que por parte de las defensorías se promovieran medidas para acabar con el "incumplimiento" por parte de las universidades andaluzas.
Y añade quedadas las particularidades de los procesos selectivos en las universidades, estas previsiones de reserva "encuentran dificultades adicionales para su cumplimiento, sobre todo en esta modalidad de personal docente e investigador, resultando oportuno constatar la realidad de las medidas que a este respecto se vienen adoptando por las universidades andaluzas a fin de que se hagan realidad estos mandatos de inclusión laboral".
Así, y para poner en práctica la efectiva reserva de plazas de su personal docente e investigador a favor de las personas con discapacidad, el Defensor asegura que precisa conocer, para lo cual ha incoado esta actuación de oficio, los criterios y procedimientos que se han articulado para hacer efectiva estas medidas en las correspondientes ofertas públicas de empleo.
También se interesa por las medidas que permitan su materialización poniendo a disposición del personal docente e investigador con discapacidad de la universidad, o que aspira a serlo, los "medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades", a que hace referencia el apartado 3 de la disposición adicional vigésima cuarta Ley Orgánica 6/2001, y que hagan más eficaz la reserva de empleo de estas personas.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
