Izquierda Unida celebrará el próximo 2 de mayo, en la Biblioteca Supramunicipal de San Zoilo, un acto público para dar a conocer el derecho-ley sobre medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía, y se informará sobre la políticas en esta materia que está realizando el partido con su participación en el Gobierno regional.
El responsable de organización de IU en Antequera, Basilio Pozo-Durán, ha invitado a los antequeranos y demás vecinos de la comarca a que acudan a este acto, que arrancará a las 20:00 horas, para conocer de primera mano las medidas planteada por el Ejecutivo andaluz si ve en peligro su derecho a la vivienda. Como ha informado, será el delegado territorial del Gobierno andaluz en Málaga de Fomento, Manuel García Peláez, quien dará datos concretos de los problemas que se están atendiendo y las medidas que se están llevando a cabo desde la Oficina Provincial de Defensa de la Vivienda.
Como ha subrayado el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Antonio García Peláez, la principal novedad la normativa que es “por primera vez” la vivienda no se trata como “mercancía” y sí como “un bien social que tendría que estar fuera de los vaivenes del mercado”. Además, a su juicio, lo más llamativo del decreto es que se pueda paralizar un desahucio por tres años hasta la mejora de la situación económica de la unidad familiar.
Por su parte, el edil de IU en el Ayuntamiento Fran Matas también ha hecho extensivo el llamamiento a este acto a colectivos sociales y profesionales del ámbito jurídico que forma participan los procesos de desahucios, ante las novedades que plantea el decreto.
Para Matas, el decreto andaluz de vivienda contrasta con el uso que se ha hecho por parte del Gobierno central de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentadas por colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y que ha quedado “descafeinada” después de su paso por el Congreso.
Sin firma
Sobre la negativa del Ayuntamiento de Antequera a firmar el programa en defensa de la vivienda de la Junta, García Peláez ha lamentado que se ponga como excusa desde el Consistorio que con esta medida el Gobierno andaluz no se implica de verdad en un ámbito que es de su competencia, dejando parte de la responsabilidad a los consistorios.
De todas formas, cree que el motivo de fondo es que el PP quiere dejar siempre a salvo cualquier medida que perjudique a las entidades financieras. “Puestos a elegir entre la ciudadanía y la banca, hay distintas formas de entender la política: una a favor de la banca y de los poderes financieros y otra a favor de la ciudadanía, y que tiene claro que hay que plantear medidas en favor de la ciudadanía”, ha manifestado.
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