Los populares consideran trascendental que desde las instituciones públicas se garantice este derecho constitucional, que refleja que la justicia será gratuita cuando lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Por ello, el portavoz popular en el Ayuntamiento de Antequera, Ángel González, considera que esta deuda pone trabas a la labor de los abogados, que son los encargados de mediar con las entidades financieras para que los ciudadanos puedan acogerse a la dación en pago o a arrendamientos especiales, por lo que pide que no se pongan obstáculos para que se pueda contar con un abogado.
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